Castigo en Nicosia

El rescate de Chipre supone una conmoción para la eurozona, a pesar de que la isla supone apenas el 0,2% del PIB del área monetaria. La razón de esa zozobra no es tanto la cuantía económica de la decisión, aunque tampoco sea este un capítulo baladí. Chipre necesita en torno a los 17.000 millones de euros, de los cuales unos 10.000 millones irán a parar a los bancos, sistema vertebral de la economía chipriota. Los activos bancarios del país multiplican por ocho veces y media el volumen de su PIB. Esta es la singularidad que explica las características peculiares del rescate de Chipre, tan diferente del de Grecia, Irlanda o Portugal y, por supuesto, de la intervención en el mercado de deuda que se diseñó para España e Italia.

La inquietud proviene de que este rescate se ha diseñado para que en primera instancia paguen los depositantes de las instituciones financieras, cuando en otras intervenciones bancarias pagaban primero los accionistas y después los fondos públicos. A tal fin, se exige al país que los depósitos superiores a 100.000 euros paguen una tasa del 9,99% y los inferiores una del 6,75%. Para evitar las fugas de dinero mientras se aprueba la ley correspondiente, Europa ha impuesto un temporal corralito financiero que perturba la imagen de libertad de capitales que Europa tiene a gala.

La cuestión es espinosa, porque este es un inusitado paso que las autoridades del euro consideran imprescindible para bloquear la salida segura del dinero extranjero en la banca del país. Algunos cálculos indican que el capital ruso en los bancos chipriotas supera los 19.000 millones; y los préstamos son todavía más elevados, en torno a los 40.000 millones. La banca griega también está atrapada en el laberinto chipriota; las consecuencias de la intervención se conocerán en las próximas semanas, pero no serán pequeñas.

Así pues, la inquietud por la intervención de Chipre se extenderá en los próximos días. Debe recordarse que muchos países europeos, entre ellos España, tiene protegidos los depósitos de los ahorradores y esa protección se quiebra de forma evidente en el caso de Nicosia. Se puede arguir que es un caso excepcional, pero los inversores y depositantes no suelen atender a demasiados matices cuando se impone una decisión tan contundente. Pero el aspecto más alarmante es ese corralito chipriota, porque incita al capital no residente a abandonar los países con riesgo de rescate, aunque la acción prevista en esos países se limite a una intervención en el mercado de la deuda.

La espectacularidad de tal medida no debe ocultar el hecho de que la banca chipriota necesitaba urgentemente una reconversión o reducción de tamaño y una investigación a fondo sobre el lavado de dinero que se practicaba a través de sus cuentas. No era de recibo que el impuesto sobre sociedades fuera inferior al de Irlanda y Nicosia tendrá que aumentarlo al menos hasta el 12,5%; y aplicar un ajuste del presupuesto equivalente al 4,5% del PIB. Chipre también hará frente a sus excesos.