Agencias en entredicho

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) por la que pretende demostrar ante un tribunal de Justicia que la agencia sobrevaloró a sabiendas la nota de los paquetes de deuda estructurados con hipotecas basura, engañó a los inversores y causó unas pérdidas de más de 3.700 millones de euros. Es evidente que esta práctica, consistente en minusvalorar el riesgo de productos complejos, en ocasiones fabricados bajo la asesoría de las propias agencias, contribuyó a hinchar la burbuja financiera y a detonar una crisis económica global.

La justicia estadounidense pretende demostrar, basándose en informaciones y correos electrónicos de analistas y directivos de S&P, que la agencia conocía las consecuencias de sus desmesuradas calificaciones; y que, a pesar de ser consciente de los efectos destructivos de su política, siguió aplicándola para contentar a los emisores y ganar cuotas de mercado. Hasta ahora, las agencias de rating han defendido sus decisiones ante la Administración y los inversores atrapados por la crisis con dos argumentos. El primero es que sus análisis fueron erróneos, pero en la misma proporción en la que se equivocaron las instituciones económicas, como la Reserva Federal u otros servicios de predicción y estudios; no hubo tergiversación intencionada de la realidad para aumentar sus ingresos. El segundo, que la decisión de invertir corresponde siempre a los clientes; en ningún caso a la agencia.

Pero la nueva estrategia de la justicia estadounidense ataca precisamente la presunción de que no puede probarse intencionalidad en los errores de calificación. Los mensajes descubiertos por los investigadores van en la dirección adecuada para desmontar los argumentos de las agencias. Si la demanda de la fiscalía triunfa y demuestra que sí hubo ánimo de engañar, las consecuencias para el sistema global de calificación de activos serán devastadoras.

En ese caso, los Gobiernos tendrían precedentes para reclamar cuantiosas sumas como reparación a los engaños sufridos por los inversores. Además, las autoridades económicas estarían obligadas políticamente a reformar la estructura de negocio de las empresas del ramo (S&P, Moody’s, Fitch); y esa reforma tendría que establecer como pilar fundamental que las agencias están para servir información relevante a los compradores o clientes de emisiones. En ningún caso el calificador puede arrogarse la defensa de los intereses de los emisores. No podría darse ya la práctica habitual de que sean los emisores quienes sufraguen la calificación de sus emisiones. La reforma también tendría que radicalizar, hasta el límite de segregar la propiedad, la separación societaria entre la actividad de asesoría o recomendaciones y la de rating. Sería el fin de una forma de entender la calificación financiera.