Empobrecimiento

Son comprensibles los esfuerzos de algunos representantes gubernamentales —y de sus intelectuales de cabecera— de dar ánimos a la ciudadanía, convenciéndola de que lo peor ha pasado. Forma parte de la psicología colectiva para corregir la depresión y la economía del miedo, que no hacen más que abundar en la desconfianza y, por ende, profundizar en las dificultades para sacar la cabeza del hoyo. Datos puntuales como la caída del paro en diciembre (una cifra bastante buena), la reducción de la prima de riesgo, la subida de la Bolsa, la corrección del déficit exterior, abundan en esa dirección.

Sin embargo, el contraste con la realidad cotidiana, la que se ve en las calles de las ciudades, hace que aquellas tendencias semejen a mucha gente runas del destino, prácticas adivinatorias. Para esa práctica de la observación el año ha empezado con una cuarta parte de la población activa en paro, de la cual una proporción cada vez mayor (de decenas de miles de personas más cada mes) son desempleados de larga duración sin derecho al seguro de paro, y los que aún permanecen en ese sistema de protección cobrarán menos a partir del sexto mes inscritos en las oficinas correspondientes (por una reciente disposición del Ministerio de Empleo).

Las tres cuartas partes restantes de la población activa se dividen entre los asalariados en el sector privado y los autónomos (de los cuales solo una ínfima minoría van a ver indiciados sus sueldos en relación con la inflación: el IPC provisional de 2012 fue del 2,9%); los funcionarios del sector público, que tienen congelados sus emolumentos y no han cobrado la paga extra de Navidad; y los pensionistas, a los que no se les ha actualizado su prestación con relación al IPC (se les ha subido en torno al 2% para las pensiones mensuales menores de 1.000 euros y el 1% para las mayores de esa cantidad, con lo que todas perderán poder adquisitivo).

Si por una parte todos esos colectivos pierden ingresos, por la otra habrán de abonar más por la utilización de los principales servicios públicos (agua, luz, transporte colectivo...) y por el aumento de los impuestos y tasas de las diferentes administraciones, ávidas de ingresos para corregir sus déficits públicos.

La suma de los dos vectores da lugar a un empobrecimiento generalizado de la población. Esta es la otra cara de la moneda. La que no subrayan los ministros ni el presidente de Gobierno en sus comparecencias. El aumento de la competitividad no se está consiguiendo por un cambio en el modelo productivo que incorpore a la realidad empresarial mejores tecnologías, infraestructuras, organización e innovación, mejoras de la educación y de la formación, sino por una reducción de los salarios y las pensiones, sin que los precios los acompasen en la misma medida. Los esfuerzos colectivos y la sustitución del bienestar por la precariedad resultan así incomprensibles para muchos, lo que es un problema para la democracia.