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Tribuna
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Si nos dividimos, sucumbimos

La situación de emergencia exige acuerdos de Estado al menos entre los dos grandes partidos

La crisis está siendo demasiado larga y el PIB ha vuelto a recaer deslizándose hacia la recesión. Si esta tendencia continúa desarrollándose, viviremos un largo periodo de ajuste. De seguir así, sin crecimiento, la crisis se enquistará, el empleo se contraerá, a la vez que aparecerán dudas alrededor de la capacidad que tengamos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas como nación.

En España, en el corto plazo, no se vislumbra la posibilidad de que el número de parados se reduzca. Las dificultades, a la vez, se extienden hacia muchas otras personas, en particular a aquellas que pretenden acceder al conjunto de servicios y prestaciones que proporciona una vida digna.

Si las agrupamos, se ve que son muchos los que están pasándolo mal, hasta el punto de que no pueden hacer más sacrificios, por la sencilla razón de que ya han experimentado pérdidas de empleo o muy significativas de los ingresos que percibían.

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El abanico de penurias que se está desplegando les lleva a experimentar una profunda inseguridad y por tanto a tener miedo sobre su propio futuro. Algunos están recurriendo a la antigua beneficencia y otros sufren la desesperación de no poder mantener a la familia. En este contexto, nada de extraño tiene que en la sociedad española se haya instalado una fuerte desilusión y desconfianza sobre las posibilidades que se ofrecen como vías de salida a la crisis.

Hay que tomar cuanto antes las decisiones precisas para no darnos de bruces con una fuerte frustración colectiva

Está aflorando una situación de grave emergencia social, desde la que se empuja a las instituciones, a los agentes sociales y a las formaciones políticas a que adopten, cuanto antes, las decisiones precisas para mitigar este panorama y evitar el que nos demos de bruces con una fuerte frustración colectiva.

Si los problemas que estamos atravesando son el resultado de un conjunto de decisiones políticas, es a esta esfera a la que corresponde plantear soluciones a los mismos. Para ello se requiere de acuerdos de Estado, al menos entre los dos grandes partidos, que deben partir de una aproximación en el diagnóstico de cuál es nuestra situación. El fracaso de las políticas de austeridad está siendo patente desde luego en los países del sur, pero también en el conjunto de la UE.

Esta constatación debe suponer un cambio de rumbo para el cual es condición necesaria que la Unión Europea flexibilice mucho más los plazos de reducción del déficit, impida con actuaciones del BCE el encarecimiento de la deuda de los países que tienen que acudir al préstamo para sufragar gastos y se impulsen políticas de crecimiento económico hoy inexistentes.

Además, la izquierda debería plantear un gran acuerdo en España para defender el Estado de Bienestar, asentado durante los últimos treinta años, que en esencia debe consistir en cómo reducir el déficit sin tocar la sanidad, la educación y las pensiones. La izquierda debe hacer una propuesta en esta dirección. Además hay que apoyar a los que contribuyen a la creación de riqueza, a la vez que se buscan nuevos compromisos redistributivos a través de una profunda reforma fiscal.

Hasta aquí hemos querido orbitar en el mundo de los intereses. Pero para acercarnos lo más posible a la realidad española, también debemos introducir en el análisis el mundo de las pasiones, los despropósitos y la ruptura del consenso constitucional de 1978.

Esta situación, ya de por sí difícil para España y su futuro económico, se agrava porque recientemente el presidente de la Generalidad anunció que disolvía el Parlamento y convocaba elecciones con el propósito de que Cataluña haga su camino o, lo que es lo mismo, que disponga de un Estado propio, separándose de España.

El asunto tal como ha sido planteado es muy serio, porque con tal propuesta se rompe el respeto a la ley, a la Constitución y a las reglas del juego. Desde nuestro punto de vista, ante este desafío solo se puede responder defendiendo la Constitución y los límites que la misma contiene. Además de su vertiente política, el problema planteado tiene una vertiente económica que no es menor y desde luego es un arma de fuego contra el principio de solidaridad.

El planteamiento de Artur Mas es un arma de fuego contra el principio de solidaridad

Se quiera o no, esta es una de esas cuestiones ante las que no cabe disimular mirando para otro lado. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes aparecerán si Cataluña permanece en España o si crea un Estado propio?

Los partidarios de la secesión han movido ficha señalando la naturalidad de la misma, hasta llegar a decir que una vez que se haya consumado las cosas seguirán igual, prácticamente como ahora.

Un elemental principio de realidad señala que nada de eso es así, por lo que debe decirse desde el primer momento. Los partidos políticos partidarios de la secesión están instalados en el género épico, difundiendo el discurso de la gloria y del fervor, sin tener en cuenta las posibles consecuencias económicas que hay detrás de sus iniciativas. Distinta es la actitud de aquellos que se desenvuelven en el mundo de los negocios. Estos sí se plantean la situación diferencial, ya que no tienen la seguridad de que las relaciones fuera del Estado no terminarán siendo más difíciles que dentro del Estado. No pueden cerrar los ojos a las posibles consecuencias que de la independencia se extraen.

La propuesta del señor Mas es una aventura, porque además de romper las reglas del juego, la independencia no garantiza mayores grados de libertad para los ciudadanos, ni más prosperidad para la sociedad catalana, que puede quedar fuera de la UE.

Por eso ha de conocerse con total y absoluta claridad qué pasará si aquí decidiéramos organizarnos en un espacio político diferente y más pequeño, reclamando soberanía plena cuando en Europa todas las soberanías van a ser compartidas.

Como lo que se plantea primero es la independencia y luego ya veremos, es ineludible despejar las incógnitas que afectan a las empresas, a su financiación, a las posibilidades que se abren o se cierran a sus exportaciones, al futuro de las pensiones y también de muchas de las prestaciones sociales que reciben los trabajadores. En estas cuestiones no son posibles las largas cambiadas. El juego de los espejos que existe en los diferentes planteamientos ha de quedar al descubierto.

Estas cosas —y otras muchas más— son las que han de debatirse: si el futuro de progreso pasa por secesiones o por la opción contraria, la que defendemos los socialistas, la de permanecer todos juntos, defendiendo los intereses comunes que venimos tejiendo durante algunos siglos, a la vez que construimos con otras naciones europeas un espacio político integrado a través de una Unión irrevocable y una economía grande, detentadora de un poderoso poder de mercado.

La opción para nosotros está bastante clara: si no queremos llegar a ser irrelevantes en la UE (una pequeña nación o un petit país) hemos de admitir que solo actuando de forma conjunta es como podremos alcanzar el peso específico suficiente. Desde él influiremos en la agenda de la economía europea y de la economía global. Y solo así se podría afirmar nuestro modelo de sociedad. Por eso, si nos dividimos, sucumbimos.

José María Benegas Haddad es diputado por Vizcaya y Francisco Fernández Marugán es adjunto primero a la Defensora del Pueblo.

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