Ataques al sistema desde dentro del sistema

La historia de la España democrática aparece llena de acontecimientos, más o menos violentos, que dieron al traste con el afán de que la soberanía nacional residiera en el pueblo y no en el Rey o en los golpistas que convertían a esos ciudadanos en siervos; a diferencia de lo que ocurrió en el siglo XX en algunos países europeos, donde desde dentro del mismo sistema democrático se atacaba y terminaba con el sistema constitucional y de Derecho, como fue el caso de Alemania o de Italia, cuyos parlamentos concedieron plenos poderes a sus respectivos gobiernos, con el aplauso generalizado de sus respectivas sociedades, en España, la instauración de dictaduras, duras o blandas, fue la consecuencia de golpes o pronunciamientos desde los aledaños del sistema. Contra ese peligro, contra el ataque al sistema desde fuera del sistema, fue contra lo que nos vacunamos los españoles con la Constitución de 1978. Dentro de la UE y de la Alianza Atlántica, los ciudadanos tuvimos la seguridad de que el temor a ser derrocados por ataques provenientes de los márgenes del sistema se había terminado. Los europeos, que habían protagonizado y sufrido la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del final de la democracia desde dentro de la democracia, crearon las estructuras necesarias para que ese peligro quedara erradicado para siempre. Y a esas estructuras nos incorporamos nosotros, los españoles, buscando la estabilidad democrática y un seguro que nos garantizara el final de la historia golpista española. Y el 23 de febrero de 1981, tras el intento de golpe de Estado, los españoles sentimos que, efectivamente, nos habíamos protegido definitivamente contra el ataque a la democracia desde fuera de la democracia.

Felices y confiados, pensábamos que las cosas irían como la seda y que la democracia sólo consistía en un sistema de gobierno y de oposición, con alternancias cada cierto tiempo, donde el discurso político dejó de tener sentido y donde las explicaciones a lo que se hacía o dejaba de hacer era algo que no era exigible en la acción política. En eso consistía el juego democrático, en el que cada cuatro años participaban los ciudadanos, con más o menos entusiasmo, en función de las circunstancias. Para lo que no estábamos preparados era para los ataques al sistema desde dentro del propio sistema. Y en esas estamos como lo prueban los siguientes acontecimientos:

1. Un presidente autonómico, legitimado por la Constitución Española y por el Estatuto de autonomía de su Comunidad, surgido del encaje democrático constitucional, convoca unas elecciones autonómicas, ateniéndose a lo que estipulan las leyes democráticas, con el objetivo de romper lo que establece la Constitución y su propio Estatuto de Autonomía en lo referido a la soberanía nacional. Artur Mas no aspira a cambiar las leyes desde dentro del sistema y recorriendo el camino que establece la Constitución, sino que una vez que sea investido presidente constitucional de la Comunidad Autónoma catalana, convocará un referéndum para romper la Constitución española, no mediante el procedimiento del golpe de Estado, es decir, desde fuera del sistema, sino utilizando al propio sistema para dinamitarlo desde dentro. Si nada cambia y sigue adelante con sus planes aun sin mayoría absoluta, amparado en una investidura parlamentaria, solicitará del Parlamento catalán los poderes necesarios para convocar un referéndum de autodeterminación que haga añicos el artículo 2 de la Constitución española. Quienes le voten democráticamente y quienes le concedan esos poderes desde el Parlamento catalán estarán atacando al sistema democrático desde dentro del propio sistema democrático. Y frente a eso, la política no sabe cómo reaccionar porque el discurso político hace tiempo que se convirtió en discurso electoral permanente; a lo más que llega es a tratar de asustar a quienes atentan contra la democracia desde dentro de la democracia, con la eterna canción de la España unida y del frío que hace fuera de la Unión Europea, cuando el problema no es ese sino la defensa de unos objetivos políticos superiores a los puramente electorales; y esos objetivos, alrededor de los cuales deberían unirse todos los demócratas, son los de respetar y cumplir las leyes, la Constitución y los Estatutos de Autonomía, por encima de cualquier otra consideración o motivación, y advertir serena pero contundentemente que cruzar ese límite es inaceptable y peligroso.

Un colectivo de indignados reclamó el cierre del Parlamento

2. Un colectivo de indignados, a los que le sobran motivos para protestar por la situación de nuestro país, reclamaron el pasado 25 de septiembre el cierre del Parlamento español y la apertura de un nuevo proceso constituyente. Con una Constitución como la que tenemos, reivindicaciones como esa tienen cabida en nuestro sistema democrático; la Constitución española no sólo se puede modificar sino que, incluso, se puede derogar; la única condición exigible es que se sigan los procedimientos que la propia Carta Magna establece para esos casos; seguir esas reglas significaría utilizar los cauces que se ponen a nuestro alcance para reformar, mejorar o modificar nuestra democracia. Pedir que los diputados abandonen el Congreso y que se anule la Constitución para hacer otra nueva, es una ataque a la democracia desde dentro de la democracia. Y a ese desafío no sabemos darle respuesta porque la política como tal ha desaparecido de nuestro país, habiendo centrado el debate únicamente en el carácter más o menos violento de los manifestantes o de la policía encargada de mantener el orden público.

3. Es dramática la situación por la que atraviesan miles de familias acosadas por los desahucios; cualquiera que tenga un gramo de sensibilidad en su corazón no tiene dudas a la hora de ponerse de parte de quien se ve privado de su techo una vez que ya le expulsaron de su trabajo. Cualquier ciudadano tiene derecho a oponerse a semejante medida. Quienes únicamente no pueden negarse a aplicar las leyes actuales son los miembros del Poder Judicial; ni un sólo componente de ese poder del Estado puede argumentar razones al margen del ordenamiento legal para dejar de aplicar leyes emanadas de los otros dos poderes del Estado; no sólo por la carrera a pelo que puede llegar hasta el infinito con otro tipo de leyes (aborto, violencia de género, etc.), sino porque, si el Poder Judicial se niega a aplicar una ley del Estado, está golpeando al sistema desde dentro del propio sistema. Y frente a eso no tenemos discurso político porque se sustituyó hace tiempo por el discurso electoral que consiste en ver quien pesca más en rio revuelto.

El entendimiento entre PSOE y PP favorece la confianza en la democracia

4. Han sido necesario tres suicidios para que el PSOE haya decidido reconocer al PP como partido gobernante, legítimo ganador de las elecciones democráticas del pasado 20 N. Y han hecho falta esos tres actos desesperados para que el PP reconozca al PSOE como partido fundamental para poder hacer cosas transcendentes para la vida de los ciudadanos españoles. Ese mutuo reconocimiento debería abrir un nuevo camino, que permita a los españoles recobrar la confianza en la democracia, en la política y en los representantes de los ciudadanos. Si la solución pasara por el entendimiento entre los dos grandes partidos, y los que tienen que entenderse no se entienden, ¿no sería moral, ético y político que dieran una paso atrás y dejaran el camino libre a los que comprometan esa capacidad? Una cosa es decir lo que hay que hacer y otra cosa es ponerse manos a la obra para que eso se pueda hacer. Llegó el anuncio de secesión o el intento de abrir un inverosímil proceso constituyente y la política no existe o se siente incapaz de dar un argumento contundente.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.