TRIBUNA

Un pacto de Estado en materia económica

Es momento de que la clase política haga más caso a los ciudadanos y aparque las divergencias

La salida de la actual profunda crisis económica necesita del esfuerzo y la colaboración de todos los segmentos de la sociedad española y especialmente de la clase política, y por ello resulta tan importante como necesario un Pacto de Estado en el terreno económico. Sería este un momento muy oportuno para que la clase política española se centrase en hacer POLÍTICA (con mayúsculas), hiciese más caso a los ciudadanos, y aparcase durante un tiempo las divergencias inherentes al partidismo político, al menos en este ámbito de la economía.

Sin ánimo de ser exhaustivos, nos vamos a permitir exponer a continuación algunas reflexiones y sugerencias en relación con este posible pacto:

1) Primer avance.— Con dicho pacto de Estado los partidos políticos que lo firmasen darían una imagen de flexibilidad y generosidad política ante los ciudadanos, lo que haría mejorar su valoración y credibilidad social, y lo más importante, incrementaría sustancialmente el nivel de confianza (variable económica fundamental) de los agentes sociales, económicos e institucionales, no solamente de nuestro país, sino también del ámbito internacional. Con ello se habría recorrido un primer y significativo tramo del camino hacia la salida de la crisis.

Nadie en España conoce el patrimonio global del sector público

2) Evidencia y transparencia.— El pacto debería estar orientado a lograr una economía basada en la evidencia y en la transparencia, es decir, que se buscasen en todo momento medidas y soluciones basadas en la realidad y en la evidencia científica, y menos en las meras opiniones y supuestos ideológicos, y además, que las medidas económicas fuesen transparentes para la sociedad y los ciudadanos, dándose a conocer públicamente los detalles, fundamentos y consecuencias previsibles de las mismas (en base a las correspondientes simulaciones), y divulgándose, por otra parte, todos aquellos datos fundamentales de la economía y las instituciones de una forma clara y accesible para los ciudadanos. La evidencia fortalecería la calidad y credibilidad de las decisiones económicas, y la transparencia incrementaría el conocimiento, el debate social, la participación ciudadana y, en definitiva, la democracia.

3) Impulso del autoempleo.— Dada la grave situación de desempleo en nuestro país, sería importante que se acordase fomentar de forma urgente el autoempleo, y que se diese así oportunidad de poner en marcha empresarialmente las ideas propias e iniciativas de una gran cantidad de jóvenes desempleados con un importante nivel de preparación, y de los no tan jóvenes pero con una gran experiencia laboral o profesional. Sería necesario por ello que se aprobase de forma rápida la aparcada Ley de Emprendedores, suprimiendo o rebajando los impuestos en la creación de empresas al nivel de otros países, y con especiales incentivos en las cargas sociales y condiciones realmente favorables para la financiación. Queda mucho por aprovechar de la creatividad e iniciativa de los millones de desempleados en nuestro país.

4) Tasa Tobin.— En el terreno fiscal, los firmantes del pacto podrían impulsar al menos un análisis objetivo y riguroso de la posible adopción en nuestro país de una Tasa Tobin, en base a la evidencia de países como Francia, donde se ha implantado recientemente una variante de la misma, y de otras experiencias anteriores. Estableciendo un mínimo gravamen sobre los millones de operaciones financieras (o una parte de ellas) que se hacen diariamente en un país, se pueden obtener unos ingresos fiscales realmente significativos; algunas estimaciones oficiales establecen una recaudación de hasta 5.000 millones de euros anuales para España (57.000 millones a nivel europeo), cantidad esta que supondría un sustantivo transvase de recursos (podría considerarse una cierta devolución) desde el sector financiero al sector público español, y que permitiría evitar así recortes sociales por esa importante cuantía. Por otra parte, y en aras de la transparencia, la existencia de esta tasa permitiría disponer de información detallada o censal de los inversores (y de los especuladores) en nuestros mercados financieros.

5) Patrimonio público.— Otro posible acuerdo del pacto sería poner fin a la ancestral falta de transparencia en el patrimonio de nuestras instituciones públicas. Nadie en España conoce el patrimonio global del sector público, al estar los datos realmente aislados y atomizados, obrando solo en poder de cada una de las más de 21.000 entidades públicas existentes. Aunque no se llegue a cumplir en muchos casos, todas las entidades públicas tienen la obligación de formular un Inventario de bienes y derechos debidamente actualizado, y en este sentido bastaría con que los partidos adoptasen el acuerdo de añadir un apartado en la nueva Ley de Transparencia exigiendo el requisito de que publicasen dicho inventario. Por otra parte, esta divulgación patrimonial del sector público español permitiría analizar la posible utilización de diversas vías de actuación económica contra la crisis; por ejemplo (y aprovechando la experiencia de países como Italia), desinvirtiendo racionalmente una parte del patrimonio poco productivo de muchas de esas miles de instituciones públicas, lo que contribuiría a disminuir su abultado endeudamiento, y las consiguientes cargas presupuestarias por intereses para los ciudadanos. Además, sería posible utilizar operativamente este patrimonio público como aval en la emisión de deuda pública, tal como nos han sugerido algunos países europeos.

Es importante que los ciudadanos pudieran llegar a conocer y comprender los términos y las cifras económicas

6) Pensiones.— Otro importante contenido del pacto de Estado podría ser el de las pensiones. Resulta necesario hoy más que nunca que se analice objetivamente y se planifique el horizonte de las pensiones en España durante estas próximas décadas, y es algo que solo se puede hacer desde el consenso general de los representantes políticos de los ciudadanos. En base a una evidencia lo más científica y menos ideológica posible, se habrían de realizar estudios económicos y actuariales rigurosos para poder definir de una forma equilibrada, previsible y consensuada las coordenadas básicas de las pensiones en nuestro país: futuras prestaciones y receptores de las mismas, condiciones de jubilación, régimen de cotizaciones, etcétera, y todo ello con un estricto respeto a la equidad intergeneracional.

7) Cultura económica y científica.— Un acuerdo estratégico para la economía española sería consensuar un intenso y permanente fomento institucional de la cultura económica y científica de los ciudadanos. Es realmente importante que los ciudadanos pudieran llegar a conocer y comprender los términos y las cifras económicas más elementales. Y algo similar sería necesario respecto a los conceptos y datos científicos más importantes. Ello posibilitaría unos ciudadanos mejor formados y más integrados y participativos socialmente, aumentando además de forma significativa el capital humano y la competitividad de nuestra economía.

En resumen, la situación económica actual es realmente delicada y en principio con pocos visos de cambio en los próximos meses (o años), por lo que creemos necesario ese verdadero cambio de coordenadas en la política y en la economía españolas que supondría dicho pacto de Estado. Probemos a cambiar de verdad las cosas en este país, y a ver qué ocurre...

Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España.

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