Con el anuncio de “conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto” para la paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, actúa como político responsable y audaz, a sabiendas de que el intento puede fracasar. Pero este nuevo desafío se da en una situación muy distinta de la de hace 14 años. Colombia es un país distinto, que camina por el siglo XXI con buen pie y en el que el progreso social ha generado unas clases medias imprescindibles para su desarrollo. En este contexto, las FARC son, no ya condenables como organización terrorista, sino un auténtico anacronismo que lastra el futuro del país.

La Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras han permitido un estado de la opinión pública que permite la negociación. Además, el acercamiento a Venezuela y Cuba emprendido por Santos parece haber dado sus frutos. Las FARC anunciaron en febrero que ponían fin a los secuestros, aunque todavía deben liberar a todos los rehenes, tal y como les ha exigido el Gobierno. La otra guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional, también ha señalado su voluntad de negociar una salida.

Santos, que siempre ha mantenido una línea militar y policial dura hacia las FARC, ha establecido tres principios razonables: no repetir los errores del pasado, que el proceso lleve al fin del conflicto y no a su prolongación, y el mantenimiento de la presencia militar en todo el territorio, o lo que es lo mismo, negarse a los despejes (territorios sin fuerzas armadas para celebrar en ellos los encuentros), como los que llevó a cabo el entonces presidente Andrés Pastrana. Las conversaciones se llevarán a cabo discretamente en Oslo y La Habana. El anuncio de Santos ha sido bien recibido en Colombia. Por ello. el radicalismo de su predecesor, Álvaro Uribe, partidario de acabar con la guerrilla por la vía militar, responde a otros tiempos y a otra Colombia.