Dentro de pocos días, el 1 de septiembre los llamados “irregulares” no recibirán tratamientos médicos. Enfermos de cáncer, tuberculosis, sida y otras graves enfermedades, no serán medicados. Sólo les quedará acudir a las urgencias hospitalarias.

Un Gobierno europeo, que dice respetar los derechos humanos, donde está prohibida la pena de muerte, condena a estas personas al sufrimiento, pone en peligro sus vidas. Además se propicia que enfermedades infecciosas se propaguen, corriendo el riesgo de que se deteriore la salud pública. Se da la circunstancia de que ante algunas dolencias la prevención se ha archivado. Basta ver qué paso con el Plan Nacional sobre el Sida.

Si una persona presta su tarjeta sanitaria a uno de estos enfermos, ¿es un delito?— Héctor Anabitarte Rivas.