Mazazo a la Universidad

El día 14 de enero de este año, acudí a Santander para impartir un curso de voluntariado en cooperación internacional y me encontré con la sorpresa de que, entre la docena de participantes, había nada menos que cuatro o cinco doctores. Me impactó profundamente que, en el coloquio final que mantuvimos, varios expresaran su decepción ante el hecho de que con 30 años estaban apurando una beca de formación postdoctoral y que, debido a la crisis, no creían que pudieran conseguir ningún empleo en su campo de especialización. Con cierta amargura, uno de los asistentes compartió con nosotros la extraña sensación que experimentaba por el hecho de que, habiendo sido el único de su “quinta” que había salido del pueblo para estudiar en la Universidad, ahora observaba cómo sus amigos habían podido casarse, constituir una familia, encontrar una casa y trabajar, mientras él se enfrentaba a un horizonte incierto. Cuando sus conocidos le preguntaban por su futuro a corto plazo no podía contestar nada en concreto y, lo que es peor, se veía con 40 años sin saber que sería de su vida. El resto de los jóvenes asistentes al taller afirmaba estar en la misma situación, después de haber dedicado muchos años al estudio de su carrera, a aprender idiomas o a realizar viajes al extranjero para mejorar su formación académica. Inmediatamente pensé en la situación de tantos profesores universitarios jóvenes con los que me relaciono.

El pasado sábado 21 de abril el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley de “Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” que amenaza con arrasar a la institución universitaria. En concreto, de aplicarse en su integridad el conjunto de las disposiciones, podría acabar con más de un tercio de las plantillas docentes y, precisamente, haciendo recaer ese sacrificio sobre la generación más prometedora. Con la amenaza de recortar aún más los fondos dedicados a la educación superior, el decreto pende cual espada de Damocles sobre el conjunto de la comunidad universitaria. Las diversas normas aprobadas a lo largo del presente mes de julio (p.e. la Ley 4/2012 del 4 de julio de la Comunidad de Madrid o el Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio) han confirmado la gravedad del escenario en el que nos encontramos. De hecho, son numerosísimas las universidades de nuestro país que han procedido ya a eliminar docentes.

Empecemos por reconocer expresamente que, en tiempos tan difíciles como los actuales, todos –también las universidades- estamos moralmente obligados a asumir restricciones financieras. Vaya también por delante la aceptación de que resulta necesario racionalizar el gasto universitario en aquellos lugares, centros y titulaciones en los que no existe un número razonable de alumnos y que se encuentran, por consiguiente, sobredimensionados. Incluso me parece razonable elevar las tasas sensiblemente, siempre que un sistema efectivo de becas haga factible la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza superior al margen de la capacidad económica de las familias

Pero, más allá de estos supuestos, existe una amenaza real de descapitalización de la universidad que puede tener consecuencias de enorme calado y que no se justifica en modo alguno. De hecho, se está produciendo una escisión esquizofrénica entre el discurso oficial de los responsables ministeriales —empeñados en hablar de “excelencia”, “investigación”, “calidad”, “internacionalización”, “enseñanza personalizada”, “Espacio Europeo de Educación Superior” o la consideración de la formación superior como la “herramienta estratégica para el desarrollo del país”— y la praxis presupuestaria restrictiva de los últimos años que revierte una tendencia hacia el fortalecimiento de la enseñanza superior que ha sido reconocida por la OCDE y que había conducido a resultados muy positivos tanto en términos de logros académicos como en el terreno del incremento de la investigación, algo que recordaron acertadamente los rectores hace pocas semanas.

Los docentes con dedicación parcial  imparten un 75% de las clases y cobran menos de la mitad

De aplicarse el decreto literalmente, la carga lectiva de muchos docentes con dedicación exclusiva podría incrementarse un 33% —el equivalente a elevar de 40 a 53 horas la jornada de trabajo— lo que unido a la eliminación o fusión de grupos o la minusvaloración de otras actividades docentes permitiría recortar drásticamente las plantillas. Lo que conviene poner de relieve es que la medida resulta ineficiente desde el punto de vista económico y profundamente injusta desde el social. El motivo es fácil de entender. Una parte importante de las plantillas universitarias corresponde a los profesores asociados, ayudantes e interinos, cuyas plazas se renuevan cada año o cada tres. Este hecho los sitúa en una posición extremadamente vulnerable. Basta con no renovarles para que dejen de formar parte de los cuerpos docentes y, además, no se hace necesario indemnizarles. Para colmo de males, la política de ahorro que se lleva aplicando desde hace muchos años, conduce a que sus jornadas no sean completas y que, así mismo, sus derechos laborales en caso de despido sean mínimos Estas plazas están ocupadas, muy mayoritariamente, por jóvenes que desean hacer una carrera académica, pero que no han podido acceder a una plaza fija por la falta de fondos. Lo significativo de este amplio número de “descartables” es que son, precisamente, los que se han preparado durante más tiempo para llegar a poder ser profesores y los que siguen con mayor rigor los criterios de exigencia académica establecidos por la ANECA, dado que son requisito imprescindible para obtener la ansiada acreditación.

Es decir, buena parte de los mejores estudiantes del país —en capacidad y esfuerzo—, después de diez o más años dedicados intensamente a la formación (licenciatura, doctorado, idiomas, estancias en centros foráneos, experiencia docente y elaboración de publicaciones) no pueden obtener la mínima estabilidad laboral en la situación actual. Ningún colectivo de trabajadores de nuestro país tiene que acumular tantos méritos para acceder a un puesto de trabajo, durante un periodo de prueba tan dilatado y padeciendo una situación tan precaria. Tengamos en cuenta que son el recambio natural de los profesores veteranos y corremos el riesgo de perderles definitivamente, creando un hueco generacional que no podremos cubrir.

Se está produciendo una escisión esquizofrénica entre el discurso oficial de los responsables ministeriales y la praxis presupuestaria restrictiva de los últimos años

Pero si desde el punto de vista académico esta situación que afecta a personas que superan los 30 años es lamentable, la consideración de la variable económica resulta simplemente indignante. A la mayoría de estos docentes las universidades les contratan con dedicación parcial por lo que impartiendo un 75% de las clases de quienes tenemos la dedicación exclusiva, pueden llegar a cobrar —según las categorías— mucho menos de la mitad. Eso sí, a pesar de no poder acceder a la dedicación exclusiva que muchos de ellos desearían, se ven afectados por las normas de incompatibilidad. En este contexto, la aplicación del Decreto-Ley hará recaer el ajuste sobre quienes son más jóvenes, están haciendo un mayor esfuerzo formativo e investigador, cobran menos y dan relativamente más clases. Por ese motivo, no hay proporción entre el ahorro económico, muy moderado, que se deriva de su despido y la pérdida de capital humano que representará para las universidades a medio y largo plazo.

Muchos de estos jóvenes profesores iniciaron su carrera profesional merced a la ampliación de becas pre-doctorales y post-doctorales que llevaron a cabo los gobiernos recientes, convencidos de que la preparación científica y profesional era una de las carencias históricas de nuestro país. Durante muchos años España ha invertido recursos públicos en la preparación de sus estudiantes más destacados para, finalmente, desperdiciar el esfuerzo. Muchos de ellos abandonarán la actividad investigadora y docente de modo irreversible, mientras otros, los más motivados o desesperados, saldrán de nuestro país y enriquecerán con su inquietud y conocimientos a otros Estados capaces de ofrecerles oportunidades. No olvidemos que la valoración que hacen de nuestros graduados en Europa y Estados Unidos es muy alta en muchas ramas del conocimiento: matemáticas, biología, ingenierías, informática, profesiones sanitarias, arquitectura, etc.

Curiosamente, el panorama educativo de nuestro país se encuentra muy polarizado. Mientras presentamos uno de los índices más altos de fracaso escolar de la OCDE, tenemos también unos resultados notables en materia de educación superior. Mantener o mejorar este último logro y superar el desafío que representa el fracaso escolar reclaman más y mejores profesionales de la educación, no menos y más desbordados.

En cierta ocasión la entonces primera ministra de la India —Indira Gandhi— viendo el tratamiento que daban en la televisión los reporteros occidentales a su país dijo: “nos vemos con los ojos de quienes nos desprecian”. Quienes somos profesionales de la educación en nuestro país en estos difíciles tiempos podemos cambiar algo la expresión y afirmar “estamos gobernados por quienes desconfían de nosotros”. Ya lo decía Mafalda: “lo urgente no deja tiempo para lo importante”. En este caso, la urgencia de los recortes, amenaza con hipotecar lo más importante: la consolidación de una enseñanza superior de mayor calidad que pueda capacitar a nuestro país para enfrentarse a los retos globales que nos esperan. Lo siento, yo también estoy indignado.

Pedro José Gómez Serrano es director del Departamento de Economía Aplicada I en la Universidad Complutense de Madrid.