‘Glasnost’ y ‘Perestroika‘ para el Consejo General del Poder Judicial

Hans Küng acaba de escribir sobre el Vaticano que al Papa actual se le acaba el tiempo, pero aún puede impulsar “un solo acto constructivo de reforma” que “ayudaría a restablecer la confianza. Lo que se pidió en el Kremlin puede pedirse al Vaticano: primero, glasnost, transparencia sobre su actividad financiera ante la opinión pública; luego, perestroika: reconstrucción, reestructuración”.

Parece que hubiera estado pensando en el Consejo General del Poder Judicial, al que el escándalo por los gastos de viaje de su presidente ha causado un daño terrible, pero que en realidad lleva en crisis casi desde su creación: por su estructura —pomposa, lenta, inane— propia del Antiguo Régimen; porque es un órgano ejecutivo que hace visible la política en torno al poder judicial. También por su magnético atractivo para los medios, que le dedican una atención desproporcionada. Quizá porque es un órgano fácil de explicar: se sabe cómo y por qué se elige a sus integrantes, éstos responden puntualmente a las expectativas y se dividen en dos grupos, capitaneados por unas pocas personalidades que toman sus decisiones por cuotas y en intrigas previsibles. O porque reproduce a escala el gran conflicto político y da gusto meterse con sus vocales (que se politizan, qué horror) y sus decisiones (en función de la cercanía a los que mandan, oh sorpresa) sin los riesgos de hacerlo con las instituciones auténticamente poderosas de una sociedad en la que no son desconocidas pautas clientelares semejantes.

La crisis de los gastos ha sido tan dañina porque ha mostrado una altiva ajenidad a la realidad de un país que se acuesta cada día más consciente de su vulnerabilidad, más irritado por la ineficacia de los poderes que debían haber evitado estos lodos y menos convencido de que pagarán los pecadores y no los de siempre. En su inicio, quizá hubiera podido resolverse como el caso de cualquier empleado que gasta de más en un viaje: se le reclama el exceso, lo reintegra abochornado, se explican mejor las normas y la vida sigue. Las semanas de silencios y distingos la han elevado a símbolo de laxitud en el uso de recursos que son instrumentales para el desempeño de funciones públicas, no beneficios o privilegios de clase.

Y esto en medio de una crisis —de la economía, la moneda, el país, la Unión— que obliga a revisarlo todo, a coger la realidad por los cuernos. No por los dos cuernos, no suele ser tan sencilla: a cogerla por los innumerables cuernos, cuernecillos y tentáculos de la sociedad de los hombres, con su afán de poder, su vanidad y su pereza.

El problema de la justicia es de eficacia y de organización

En este contexto, las reformas que se anuncian en el poder judicial recuerdan la escena de Casablanca: “Han matado al mayor Strasser. Detengan a los sospechosos habituales”. Elevar algunas penas y criminalizar conductas de pura expresión política parece el recurso clásico neoconservador: atizar la disparidad de los valores para movilizar a los propios y distraer a la mayoría silenciosa. Convertir en asunto político de primera fila quién y cómo elige a los vocales del CGPJ parece vieja política, la que intenta ganar visibilidad y sumar unos puntos atacando un problema fácil, aunque tenga poco o ningún efecto sobre los problemas reales.

Porque el problema de la justicia es de eficacia y de organización. Su mejora depende de que quienes hacen las leyes se planteen si es razonable la calidad del servicio público de la justicia con los plazos de solución actual, si la seguridad jurídica de que disfrutan —digámoslo así— ciudadanos y empresas refuerza o más bien distorsiona el imperio de la ley. Si es posible cargar más al sistema jurisdiccional sin más jueces por habitante, sin una informática como la de Hacienda o la Seguridad Social.

No es seguro que otro sistema de elección de sus vocales logre cambiar siquiera el funcionamiento del Consejo. Para eso haría falta plantearse de qué medios dispone para ayudar a los jueces que se ven atrapados en la vorágine de un caso sensacional o polémico; si hay sistemas mejores para estimular la calidad del trabajo de los jueces que el actual de juzgar a destajo; cómo racionalizar una institución en la que unos pocos consejeros tiran del carro y los demás parecen pasajeros de Perdidos en el Espacio…

La razón de más peso para cambiar el modo de elegir a los consejeros es probar otra cosa: si un Consejo que refleje la pluralidad ideológica y asociativa se ocupará más eficazmente de su función constitucional de garantizar la independencia de los jueces y menos de otras que ha ido asumiendo para procurarse recursos y sobrevivir pese a su inanidad. Con pocas esperanzas, porque cualquier novedad puede usarse para que ocurra lo de siempre y porque lo decisivo al final es el factor humano: que entre los designados para el Consejo haya unos cuantos empeñados en hacer lo que es debido. Por si abrir el sistema a más candidatos, haciéndolo más transparente y competitivo, hace sonreír a Fortuna.

Constitucionalistas de buena voluntad oponen que si los jueces eligen a 12 de sus 20 integrantes el Consejo perderá legitimidad democrática, será corporativo. Es verdad que en el Consejo —y los Tribunales Constitucional y de Cuentas— está mal resuelto el quis custodiet ipsos custodes? Pero los órganos de garantía se legitiman cumpliendo su función: hay que juzgarlos por su eficacia. Desentenderse de ésta y quedarse en la finezza constitucional es dejar más campo al caballo de Atila, que avanza por doquier bajo la bandera de la globalización arrasando instituciones, garantías y derechos. La valoración negativa sobre el sistema actual es casi unánime. Es razonable probar otro.

Si cambia, será decisivo su grado de representatividad. No es una cuestión teórica: el Consejo de 1980, elegido en parte por los jueces, fue el menos plural de todos. Una reforma que se limite a devolver el predominio a una asociación sería un retroceso costoso para quien lo impulse, porque la crisis alimenta un radicalismo intelectual y práctico que no aconseja andarse con bromas. Si el próximo Consejo no es más diverso le costará sobrevivir como institución.

Si cambia, será decisivo su grado de representatividad. No es una cuestión teórica

Que sus miembros actúen luego repartiéndose cuotas es difícil de evitar: en un oficio escalafonado cuya labor es poner sentencias hay pocos méritos objetivables fuera de la antigüedad. Pero podríamos aprender de los EE UU, donde universidades y medios analizan la obra entera de cada candidato y los debates sobre designaciones judiciales se retransmiten por televisión. Ponerlas bajo un foco de luz: convocando las plazas con requisitos y méritos, valorando más la experiencia y la capacidad que la cercanía, explicando realmente por qué es mejor Hernández para la audiencia, Fernández para el Supremo y López, si acaso, para el Constitucional.

Es todo una pena, por el daño causado a la percepción pública de los jueces —la opinión pública, que existe, distingue poco— y porque este Consejo había hecho algunas mejoras en las condiciones de trabajo de los jueces y en los nombramientos, con unas comparecencias que no son decisivas, pero que en ocasiones revelan rasgos de personalidad de los candidatos que sí lo son, en su contra. De hecho, podía haberse pensado que la mejor ocasión de reforma estaba en el propio Consejo —sí, del actual— porque estaba maduro, trabajaba con un cierto equilibrio interno y tenía casi dos años para decir al final lo que un buen profesor de un alumno difícil: a ese chico lo saqué yo adelante. Podría haber adoptado algún instrumento jurídico eficaz para respaldar a los jueces enzarzados en casos trágicos o de relieve político; una pauta de objetividad y motivación en los nombramiento que una vez puesta en marcha sea difícil abandonar sin bochorno. Quizá, cuando acabe el Banúsgate del único modo posible, quiera redimirse intentándolo. Como propone Hans Küng: primero glasnost y luego perestroika.

Diego Íñiguez es magistrado, autor de El fracaso del autogobierno judicial.(2008)