La colaboración entre las mafias y el Estado comienza a ser tan estrecha que no sabe uno dónde terminan aquéllas y comienza éste. Llega el crimen organizado y le dice al Estado: “Quítame de encima a este juez que no hace más que tocarme los cojones”. Y el Estado va y se lo quita, hoy por ti, mañana por mí. A la semana siguiente vuelve la mafia y dice: “Fulmina a esta cúpula policial, que ha tenido los huevos de investigarme”. Y el Estado liquida a la cúpula policial para que la bofia tome nota de lo que se puede y de lo que no se puede perseguir. A veces es el mismísimo Al Capone el que telefonea a su homólogo en el Gobierno para exigirle que destituya a un grupo de inspectores de Hacienda que ha osado meter las narices en sus negocios. “Ningún problema”, le responde el homólogo estatal mientras firma el cese de los presuntos implicados.

Pero no han transcurrido ni cien días de todo lo anterior, cuando el jefe de mantenimiento de la mafia se da cuenta de que tiene los sótanos repletos de billetes de 500 euros, con los consiguientes gastos de almacenaje. “Oye”, le dice a su contacto en el Gobierno, “necesitaría blanquear unos 25.000 millones porque se me sale la pasta por las costuras”. “Me viene de perlas”, le responde el contacto gubernamental, “estáis indultados de antemano a cambio de una comisión del 10%”. Y ahí tenemos 25.000 millones, procedentes de la trata de blancas o del tráfico de armas, entrando en el torrente sanguíneo del cuerpo social con todas las bendiciones de los ministerios de Economía y Hacienda. Claro que como necesitamos aparentar que somos gente de orden, endurecemos al mismo tiempo el código penal para los delitos menores, prohibimos el aborto y penalizamos la píldora del día después. Creíamos que solo nos daba órdenes el Tercer Reich, pero la Cosa Nostra aprieta también lo suyo.