Dotaciones de la Policía Nacional sembraron el caos en Valencia al disolver sucesivas concentraciones de estudiantes con una fuerza desproporcionada, lo cual acarreó la detención de decenas de personas y aporreamientos, zarandeos y heridas a jóvenes y no tan jóvenes. Lo que había comenzado la semana anterior como una protesta de decenas de estudiantes de un céntrico instituto valenciano, por falta de calefacción, ha derivado en la ocupación de las calles por millares de indignados como reacción a las violentas cargas policiales. Una peligrosa escalada, sobre todo cuando ni siquiera hay noticia de daños materiales de consideración que anotar en la cuenta de los supuestos antisistema. 

El ministro del Interior admitió por la mañana la posibilidad de algún “exceso” policial, para rectificar por la tarde y decir que los “excesos” los cometieron los “radicales”. No está claro lo que Fernández Díaz entiende por radicales, pero aporrear y herir a ciudadanos pacíficos exige dilucidar de inmediato quién merece la destitución por este error. La delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, que el lunes se permitió la frivolidad de reducir los graves sucesos a una “anécdota”, pretende ahora quitarse de en medio diciendo que “no hay una orden desde un despacho en que se levanta el teléfono y se dice: ‘carga”, sino que esas decisiones “las toman los que están en calle”. Sin embargo, y bajo el mismo jefe superior de Policía de los últimos cuatro años —el que describió el lunes a los estudiantes que cortaban el tráfico como “el enemigo”— se produjeron concentraciones mucho más numerosas en Valencia el año pasado, a raíz del 15-M, sin ninguna intervención policial ni lejanamente parecida.

El propio Sindicato Unificado de la Policía (SUP), a la vez que llama “cobarde” al ministro del Interior por admitir la posibilidad de algún exceso policial en Valencia, carga contra el jefe superior de Policía por “arrojar más gasolina al fuego” y “matar moscas a cañonazos” con su gestión de la crisis valenciana. Este sindicato resalta que el jefe superior en cuestión, Antonio Moreno, es un nombramiento del anterior Gobierno socialista. Lo cual es verdad, aunque es igualmente cierto que se trata de uno de los pocos jefes de Policía que no fueron destituidos fulminantemente por el nuevo Gobierno del PP.

En todo caso, la voluntad de cubrir a las fuerzas del orden, hagan lo que hagan, o de incitarles a demostrar una mayor dureza, nos situaría en una perspectiva inquietante y resultaría poco compatible con la función de la policía en una sociedad moderna, que no debe confundir a simples ciudadanos con terroristas u otros delincuentes y debe utilizar la fuerza siempre de forma proporcionada.

La buena imagen de las fuerzas del orden, reflejada por diferentes encuestas, se refiere a las que ayudan al ciudadano y protegen sus derechos, no a los que le aporrean indiscriminadamente. Si esa es la mentalidad con que el poder aborda un tiempo de probable conflictividad social, podemos temernos lo peor.