El PSM mantiene a Rollán en su cargo pese a la condena por prevaricación

El Partido Socialista de Madrid ha decidido mantener en su puesto de secretaria de Organización a Trinidad Rollán, condenada ayer por prevaricación en la firma de un convenio urbanístico cuando era alcaldesa de Torrejón de Ardoz. Según Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid y miembro del Comité electoral del PSM, "es una sentencia no firme que propone la inhabilitación para cargos públicos institucionales, lo que no propone es la muerte civil. Lo que no propone es que los ciudadanos no puedan seguir ejerciendo sus derechos constitucionales. Por lo tanto, Trinidad Rollán va a seguir siendo nuestra secretaria de Organización porque además es lo que quiere nuestro partido".

Poco antes, la propia Rollán anunciaba en una comparecencia pública en la que no ha aceptado preguntas que ni ella ni ninguno de los concejales socialistas de Torrejón de Ardoz que ayer fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a ocho años de inhabilitación formará parte "en ningún ámbito" de las próximas listas electorales de los socialistas madrileños. "Les comunico además que todos los concejales condenados abandonaremos todas las responsabilidades institucionales que tenemos en esto momentos a lo largo de los próximos días", ha añadido la número dos del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez.

A pesar de la condena y la renuncia, Rollán se ha declarado orgullosa de los hechos que han llevado a esta situación: "Cada vez que pasemos delante de las viviendas, estaremos satisfechos de haberlas sacado adelante, a pesar de que la aprobación del convenio nos ha llevado a la inhabilitación. Moralmente estamos convencidos de que hicimos lo que debíamos hacer para las familias y que hacíamos lo correcto cumpliendo con todos los procedimiento legales".

Antes incluso que Rollán, Gaspar Zarrías, secretario de Política Territorial del PSOE, ya había avanzado en otro acto público que Rollán no iba a figurar en las listas del partido para las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo "por tratarse de una persona condenada".

Según la sentencia conocida ayer, el delito fue cometido por Rollán y el equipo de concejales que apoyaba su gobierno al aprobar en 2001 un convenio urbanístico con la empresa Patrimonios Siglo XXI que incluía una cesión de terrenos municipales. Los jueces, en una sentencia muy dura, concluyen que la participación de Rollán consistió en la preparación y en la aprobación del "ilegal convenio" concertado con la empresa privada. Además, resaltan que la entonces regidora aprobó con su voto la operación en el pleno municipal pese a tener "la plena conciencia del carácter ilícito" del acuerdo.

Junto a la número dos de los socialistas madrileños, la sentencia condena también a penas de inhabilitación a los otros 13 ediles (9 socialistas y 4 del Partido Demócrata Español), que también habían sido acusados de prevaricación en el proceso.

Es el caso de Francisco Martín Rojas, quien fuera concejal de Urbanismo de Torrejón en 2001 y principal impulsor del acuerdo y que ahora es concejal en la oposición, quien no podrá ejercer cargo público durante ocho años, el mismo periodo que la sentencia impone para el ex edil Valentín Gómez.

La sentencia leída ayer considera que, a raíz de la decisión, "los ciudadanos de Torrejón perdieron de un modo ilegal la propiedad de un bien inmueble municipal". Pese a esta consideración, en ninguno de los puntos de la sentencia se considera que los concejales condenados se lucraran personalmente con este convenio ilegal. Tampoco se incluye ninguna valoración de las posibles pérdidas sufridas en 2001 por el Ayuntamiento con este trato acordado para la construcción de 114 viviendas públicas en el municipio.

El resto de condenados, los socialistas Luis Ceres, Juana Fernández, Francisco Montero; la ex concejal y ahora diputada regional Esperanza Rozas; Juan Francisco López, Félix Ortega, María de los Desamparados Gallego; y del Partido Demócrata Español (PADE) Julián López Jiménez, Josefina Guinovart, María del Mar González y Lucía Tizón han sido condenados a siete años de inhabilitación. Entre estos últimos, los jueces consideran grave la participación del portavoz del PADE, Julián López, asegurando: "Es poco comprensible que un jurista en actividad pueda aceptar como legítimo el calificativo de permuta que, con el evidente propósito de burlar la ley, se lanzó a la burda operación urbanística".

En los 34 folios de la sentencia los magistrados sostienen que en el proyecto de convenio urbanístico es muy visible el "torpe propósito de soslayar" la legalidad para así cumplir sus "ilícitos propósitos". Y para sortear la legalidad, insisten en que los condenados recurrieron a la permuta. Pero esta figura jurídica "no encajaba, ni de lejos", explican los jueces.