Las facturas de Nueva York

Garzón organizó entre 2005 y 2006 unos cursos en la Universidad de Nueva York. Según los querellantes, el magistrado cometió prevaricación y cohecho porque financió estos seminarios con dinero del Santander y posteriormente archivó una querella contra el presidente del banco.

EL PAÍS Madrid 15 ABR 2010 - 11:19 CET

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El caso

Entre 2005 y 2006, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que disfrutaba de un permiso de estudios, organizó unos cursos en la Universidad de Nueva York. Según denunciaron en 2009 los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, el juez financió los cursos con dinero del Banco Santander y, pocos meses después, archivó una querella contra su presidente, Emilio Botín, decisión que la Audiencia Nacional convalidó a posteriori y a cuya admisión se había opuesto la fiscalía. El 9 de marzo de 2009, el Tribunal Supremo hace pública la decisión, tomada un mes antes, de archivar la querella ya que, asegura, Garzón declaró a Hacienda los ingresos derivados de los cursos. Sin embargo, los querellantes no se dieron por satisfechos y, menos de un año después, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo decide aceptar a trámite una nueva denuncia por los mismos hechos, con la oposición del fiscal, ya que, alega, se han conocido nuevas pruebas en el caso. En el nuevo proceso, la propia Universidad de Nueva York ha certificado que Garzón no pidió el patrocinio del Santander, sino que fue el centro Rey Juan Carlos I de España de dicha institución quien los recabó y gestionó. Además, según la documentación aportada por el abogado de Garzón, el patronazgo entre el banco y la universidad continúa sin que el juez participe en ningún acto. El instructor de la causa, ha citado como testigo a Botín.

Quién instruye el caso

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómez, que accedió al cargo en febrero de 2007 a propuesta del sector conservador del CGPJ, instruye la causa. Marchena emitió en su día un voto particular contra la libre absolución de los tres policías implicados en el denominado caso Bono, que juzgó la detención de militantes del PP tras una agresión al actual presidente del Congreso.

Qué dice la fiscalía

La Fiscalía del alto tribunal se ha posicionado contra la admisión a trámite de la segunda querella ya que, en su opinión, "los mismos hechos fueron calificados por el propio Supremo como no constitutivos de delito alguno " hace casi un año. Por tanto, la acusación contra Garzón la mantiene solo la acción popular, encarnada en los abogados Panea y Mazón. El hecho es llamativo porque fue precisamente el Tribunal Supremo quien creó la denominada doctrina Botín durante el juicio contra el presidente del Santander por el denominado caso de las cesiones de crédito en virtud de la cual sin la presencia del Ministerio Fiscal y del acusador particular no se puede abrir juicio. Exactamente lo que sucede en el caso de Garzón. Así, el Supremo dejó sin juzgar un posible fraude fiscal de decenas de millones de euros en el que podría estar implicado Botín porque solo mantenía la acusación la acción popular; sin embargo, el mismo tribunal está a punto de juzgar a Garzón sin tener en cuenta su propia doctrina.

Qué delitos se le imputan

Prevaricación: Dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años. Cohecho: Admitir dádiva o regalo en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.

Quién denuncia

Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, ambos del entorno de Mario Conde. El abogado Antonio Panea es un viejo conocido como reventador de las juntas de accionistas del banco Santander. Además, lleva persiguiendo Garzón desde que éste, en 2006, rechazó una querella del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra Emilio Botín, presidente del Santander, adjudicatario del banco de Mario Conde tras su intervención y saneamiento. Pérez Escolar había sido condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación de casi cinco millones de euros en la gestión de Banesto, pero dada su avanzada edad, no llegó a pasar ni dos meses en la cárcel. Panea pertenecía al grupo de seguidores de Pérez Escolar, cuyas intervenciones críticas contra Botín en las juntas de accionistas del Santander cosecharon todo tipo de desplantes y abucheos. Hasta su fallecimiento en 2007, Pérez Escolar interpuso una treintena de querellas contra Botín, casi todas archivadas y sin que ninguna concluyera en condena. Garzón archivó una de tantas, previo informe favorable del fiscal y el respaldo posterior de la Sala Penal de la Audiencia. Fallecido Pérez Escolar, Panea tomó el relevo y trató de vincular el archivo de la querella de su colega con el supuesto cobro por Garzón de 1,7 millones de dólares que le habría pagado el banco durante su estancia en Nueva York. La acusación era tan burda que todas sus denuncias ante el Poder Judicial fueron archivadas. El magistrado Luciano Varela, que anduvo meses investigando los honorarios de Garzón en Nueva York, tuvo que archivar la querella por inexistencia de delito, no sin realizar un último intento, sin éxito, de que el Poder Judicial sancionase a Garzón supuestamente por no informar de que había percibido unos ingresos de 200.000 dólares.

Las pruebas

La prueba más seria sobre la que sostienen su acusación los dos abogados es una carta en la que Garzón agradece a Emilio Botín el patrocinio para los dos seminarios con el encabezado "Querido Emilio". En ella le agradece el apoyo al Seminario sobre Derechos Humanos, "que se celebrará si disponemos de financiación suficiente" y en la que termina: "Te adjunto la propuesta y el presupuesto". En otra carta similar se despide con un: "Te mando un gran abrazo". En su reciente interrogatorio de cinco horas por Marchena, Garzón exhibió cartas con encabezamientos similares enviadas a dirigentes del PP como Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre.

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