Los detenidos están acusados de agresión sexual, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos sobre seis internas: una brasileña, una marroquí y cuatro ucranianas.

Otros cuatro funcionarios, a los que se les imputan los cargos de omisión del deber de impedir delitos, quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado.

Los funcionarios detenidos han sido trasladados a primera hora de la mañana a la prisión de Alhaurín de la Torre, Málaga. Han sido instalados en el módulo de aislamiento por su carácter de funcionarios.

Durante la vista, han negado las acusaciones y el abogado defensor ha criticado que el criterio para ordenar el ingreso en prisión haya sido "sólo la declaración de algunas de las internas, que dijeron que habían tenido relaciones sexuales con ellos". "Es inaudito que se tome esa decisión teniendo en cuenta únicamente una declaración y sin ninguna prueba, sobre todo cuando esas personas, por decir algo así, pueden ganarse una residencia en España".

No obstante, el letrado de la acusación particular aseguró que la decisión de la jueza se ha fundamentado "en las declaraciones de las testigos protegidas, de los agentes y la aparición de tres fotografías tomadas por algunas internas en sus teléfonos móviles".

Las ONGs como Málaga Acoge o la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes han anunciado que se personarán como acusación popular en este caso.

En el conocido como 'Centro de Capuchinos', que depende de la Dirección General de la Policía, se encuentran hombres y mujeres inmigrantes en situación irregular que quedan retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. En el caso de no poder ser repatriados, quedan en libertad.