Solo tres empresas del Ibex se han apuntado al registro de ‘lobbies’

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó el 3 de marzo de 2016 la normativa sobre lobbies con la creación de un Registro de Grupos de Interés. Casi año y medio después el registro ha tenido 452 altas, entre los que aparecen principalmente asociaciones patronales, organizaciones de consumidores, multinacionales, movimientos ciudadanos, agencias de comunicación o autónomos; pero solo tres empresas del Ibex 35 (Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica de España), ninguna firma auditora-consultora de las principales y apenas alguno de los grandes despachos de abogados.

El Registro de Grupos de Interés (RGI), que es de carácter voluntario, público y gratuito, nació con la finalidad de habilitar y permitir una relación transparente con los grupos de presión. Es decir, de limitar la posibilidad de influencias improcedentes o, simplemente, contrarias o no alineadas con los intereses generales señalados en la Ley de creación de la CNMC. Este organismo pretendía, con este registro, dar un paso más en materia de Buen Gobierno y Transparencia, trasladando las buenas prácticas habituales en otros países y, sobre todo, en la Comisión Europea.

El organismo que preside José María Marín Quemada recordaba cuando se creó que “los grupos de interés desempeñan un papel importante y legítimo en el proceso democrático. Es un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las instituciones, recabar información, defender su situación o instar a cambiar la legislación que les afecta”. “De hecho”, proseguía, “la intervención a través de los grupos de interés es útil para el eficaz funcionamiento de la Comisión, pero a la vez es prudente exigir que ese trato sea suficientemente transparente, y esté dotado de mecanismos de control, de forma que permita a cualquier ciudadano conocer cuál es la relación que mantienen con nosotros y en qué medida sus actuaciones contribuyen a modificar o conformar nuestras decisiones”.

Decálogo ético

Para adherirse al registro, hay que asumir un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos). Este decálogo no es más que una declaración formal de principios que define los estándares de actuación que deben aceptar las organizaciones que se inscriban en el RGI. Pero, para que una comunicación pueda catalogarse de ética debe ser transparente, siempre respetando la intimidad.

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Entre otras cosas, se deben comprometer a no ir de incógnito y actuar con integridad y honestidad, dejando claro a quién representan, y a “no difundir información de carácter confidencial que pudieran conocer en el ejercicio de su actividad”. Solo los grupos que estén dados de alta tienen derecho a personarse ante los cargos, autoridades y empleados públicos como grupo de interés y conocer las regulaciones y procedimientos que lleva a cabo la CNMC.

Alguna razón tiene que haber para que solo se hayan inscrito 40 empresas y tres del Ibex, lo que contrasta con el hecho de que sí están en el registro de Bruselas, donde tampoco es obligatorio. “Quizá se explique en la confusión sobre la limitación legal y constitucional a publicitar quiénes han venido y de qué temas se ha tratado, cosa que no pasa en Bruselas”, sostiene Carlos Balmisa, director de Control Interno de la CNMC que subraya que una forma efectiva de controlar la independencia de los poderes públicos es publicar las reuniones que mantienen sus directivos con la esperanza de poder relacionar las mismas con expedientes administrativos concretos.

El RGI es, en efecto, un arma para hacer traslúcida la actividad pública; pero casi ninguno de los que visitan la CNMC están en el RGI porque no quieren que aparezcan quién visita ni para qué. Ahí está el quid de la cuestión porque estas obligaciones parecen ser el motivo principal por el que las empresas han preferido no hacer mucho caso al registro y seguir como hasta antes de su existencia. O, peor aún, registrarse a través de sus patronales cuando en la infinidad de ocasiones que han visitado la CNMC lo han hecho a título particular o societario, casi nunca amparadas bajo la forma asociativa. Muchas de ellas se escudan, precisamente, en que ya están sus patronales respectivas para hacer lobby, como apunta Balmisa. Y además acuden con asesores externos, lo que se explica porque así no tienen que publicar que han estado.

Eso choca bastante. “Se llenan la boca publicando en sus páginas web que realizan acciones de Responsabilidad Social Corporativa para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, proteger el medio ambiente, ejercer la transparencia, etcétera, y luego no se apuntan en el registro”, concluye Balmisa.