Nueva huelga del taxi para pedir más contundencia contra Uber y Cabify

El sector del taxi sigue en su tira y afloja con la Administración para conseguir frenar la competencia de las plataformas como Uber y Cabify que consideran “desleal”. Varias asociaciones gremiales han convocado paros en grandes ciudades españolas el jueves y el viernes 29 para solicitar medidas normativas más duras y denunciar la “pasividad” de ayuntamientos como los de Madrid o Barcelona.

La Asociación Gremial del Taxi, la asociación más representativa del sector del taxi en Madrid, ha convocado una huelga durante los días 29 y 30, coincidiendo con el World Pride Madrid 2017, que convierte a la capital en sede mundial de las fiestas del orgullo gay del 23 de junio al 2 de julio. El detonante es el servicio de furgonetas que oferta Uber para la Semana del Orgullo, denominado UberVAN, que oferta trayectos bajo demanda para grupos de entre 6 y 8 personas en el eje Recoletos de Madrid, por donde transcurren los actos de la Semana.

Será un paro de 24 horas que se llevará a cabo también en otras ciudades españolas, entre ellas Barcelona, donde tendrá lugar una manifestación y una marcha lenta para exigir a la Generalitat más controles a las empresas que trabajan con conductores con licencia VTC, como estas dos aplicaciones.

La organización considera que el Ayuntamiento de Madrid también ha hecho "caso omiso" a la petición del sector de que se persone en el proceso judicial abierto por el recurso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado contra la legislación estatal que limita la concesión de licencias de VTC.

La huelga dejará de nuevo aeropuertos, estaciones de tren, hospitales y otras instalaciones sin servicio de taxi, dado que se espera que los profesionales del sector la secunden de forma masiva, tal y como ya sucedió en la protesta del pasado 30 de mayo.

Batalla normativa

El Ministerio de Fomento, aunque defiende a capa y espada que las competencias están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos, intenta calmar los ánimos por la vía normativa. El departamento que dirige Íñigo de la Serna prepara una normativa para impedir que las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC), como Uber y Cabify, vendan o arrienden sus licencias durante los dos años siguientes a su obtención.

Se trata de una de las iniciativas normativas que el Gobierno aprobará para evitar lo que considera “una burbuja de especulación con la cascada de unas 10.000 licencias VTC , tal y como adelantó EL PAÍS, que se concederán próximamente por vía judicial y que, por tanto, sobrepasarán el ratio establecido por ley con las de taxi.

Con esta medida, de la que se excluirán aquellas licencias que se hereden, el Ministerio pretende garantizar que estas empresas empleen las licencias para prestar servicio y no para comercializarlas cuando estimen oportuno en función de las condiciones de mercado. Es una limitación que está en marcha desde hace años en el sector del taxi.

Cabify y Uber se han quejado de que se hable de especulación en sus plataformas y no se de el mismo trato a las licencias de taxi, cuya compraventa supone un negocio muy lucrativo.