España estrena el mecanismo europeo para liquidar bancos en dificultades
El banco italiano Monte dei Paschi sigue en pie gracias a multimillonarias ayudas públicas
España como laboratorio económico europeo, como conejillo de indias; como cobaya. España estrenó las multas por manipular el déficit, protagonizó un rescate financiero inédito y se vio obligada a aplicar duras quitas a los preferentistas de las cajas cuando eso no era habitual. Y tiene el dudoso honor de inaugurar el Mecanismo Único de Resolución, la máxima autoridad europea para reestructurar o liquidar bancos en dificultades, que este miércoles tomó el control del Popular antes de su venta al Santander. El italiano Monte dei Paschi esquiva por ahora esa salida.
Monte dei Paschi era y es el banco más antiguo del mundo. El Popular llegó a ser el más rentable de España, la proa financiera del Opus Dei, una entidad potente en el negocio de empresas. El banco italiano sigue en pie, apoyado por las muletas de multimillonarias ayudas públicas y por las maniobras en Bruselas y Fráncfort del Gobierno transalpino, auxiliado por una miríada de altos funcionarios italianos en las instituciones. El Popular, en cambio, ya es historia: España apenas tiene funcionarios bien situados en los reguladores y supervisores bancarios, y el Ejecutivo descartó de plano la posibilidad de buscar una salida a través del dinero público, según las fuentes consultadas.
El mecanismo de resolución pensaba echar la persiana del banco el fin de semana. “No dio tiempo, la situación de liquidez del banco se hizo insostenible y obligó a actuar con rapidez”, explicó este miércoles Elke König, presidenta del MUR. La misma Elke König a la que se le atribuyó hace unos días una filtración sobre el Popular que precipitó el castañazo en Bolsa y las fugas de capital.
Los acontecimientos se precipitaron el martes. El banco se quedó sin liquidez —esto es, sin dinero para atender las peticiones de los clientes— a las tres de la tarde, según informó al Banco de España. Tampoco podía seguir acudiendo a las líneas de liquidez de emergencia del banco central: no tenía los activos necesarios para dejar como aval a cambio de esos fondos. “La disyuntiva era resolver el banco o encontrarnos con serios problemas de orden público si los ahorradores no podían retirar su dinero en las oficinas”, explicaron fuentes del Gobierno.
Tras esos informes, el BCE, a través del Supervisor único del sector bancario, decidió por la noche, por unanimidad, que el Popular estaba en una situación de liquidez insostenible y etiquetó a la entidad como “inviable o con posibilidades de serlo”. Esa fue la señal definitiva. La junta del mecanismo de resolución decidió intervenir con esa información, con la luz verde de la Comisión Europea. En apenas unas horas, se decidió por encargar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (el FROB español) la venta.
El FROB recibió dos potenciales ofertas, de BBVA y Santander. Y junto con el mecanismo europeo de resolución optó por la del Santander, por un solo euro, pero que obliga al grupo que preside Ana Botín a ampliar capital en 7.000 millones. El plan aprobado consiste en convertir la deuda subordinada (de peor calidad) en acciones, para unirlas al resto de acciones que circulan y traspasar todo ese paquete al Santander por un euro, con un hachazo a los accionistas y a la deuda de peor calidad de campeonato: del 100%. “El Santander garantiza la estabilidad financiera y asegura que las oficinas abran con normalidad”, apuntó König ante la prensa.
Se trata, en fin, de una operación limpia: se resuelve el banco, se aplican quitas a accionistas y bonistas y se traspasa a un comprador sin un solo euro del contribuyente, tal como dicta una directiva europea que no ha aplicado nadie más. Aun con ese corte limpio, el caso Popular deja varias incógnitas. El banco aprobó tanto los test de estrés como los exámenes de calidad de los activos, algo que deja en mal lugar al supervisor europeo. A esos fallos se unen “claros errores de comunicación del equipo directivo del banco”, señala Economía. Tanto las últimas ampliaciones de capital como las recientes emisiones de bonos convertibles pueden ser objetivo de decenas de litigios. Y el final del Popular puede alimentar ciertas dudas sobre la digestión de la burbuja inmobiliaria en la banca española, objeto de un rescate supuestamente modélico pero. Cinco años después de recibir una lluvia de milones europea, España se ve obligada a echar la persiana de la sexta entidad del país.
El Gobierno vendió este miércoles optimismo: “No hay problemas de estabilidad financiera, ni líos en los mercados, ni dudas sobre la economía española o la prima de riesgo”. “Puede que este sea el primer caso, pero según la Directiva de Resolución va a ser la regla”, según el Ejecutivo. El inexistente contagio en los mercados durante este miércoles parece confirmar esa interpretación, pero hay otras: “Un banco español de gran tamaño se come otro mediano cuando no hay más remedio: la unión bancaria es en realidad un conjunto de bancos nacionales con un supervisor europeo de dudosa calidad”, apuntan fuentes del mercado. “Es posible que Monte dei Paschi siga en pie porque Italia no tiene un Santander. Pero también es posible que el Gobierno italiano no quisiera ese castigo para los accionistas, los poseedores de deuda y los empleados: Santander va a despedir a miles”, vaticina la misma fuente.
¿Un nuevo ‘caso Bankia’ en los juzgados?
Una sola noche basta para cerrar el sexto banco español: el mecanismo europeo de resolución decidió de madrugada, tras conocer la opinión del BCE, que el Popular era inviable. En esa larga noche se dirimió un proceso de venta supuestamente competitivo con una oferta fantasma (del BBVA) y la ganadora, del Santander. Los accionistas pierden todo su dinero; los poseedores de deuda de peor calidad, también. Un corte limpio, rápido, sin coste para el contribuyente, de los que gustan en Bruselas para vender las bondades de la unión bancaria.
Pero esa operación puede traer cola: cualquier intervención bancaria supone jugar con derechos de propiedad, y en este caso salen perdiendo accionistas y bonistas, en beneficio —si todo sale bien— del Santander. El mercado da por hecho un segundo caso Bankia: litigios contra los auditores (que nunca detectaron un agujero contable millonario) y contra los supervisores (que no pusieron peros a las ampliaciones de capital), en los que pueden estar involucrados los actuales ejecutivos del banco, presidido por Emilio Saracho; incluso los del anterior equipo, con Ángel Ron —que se fue con una indemnización vitalicia de 1,1 millones al año— a la cabeza. “Esos litigios serían responsabilidad del comprador”, zanjaron este miércoles fuentes del Ministerio de Economía.
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