La cúpula de la contrata de basuras de FCC en Barcelona conocía el fraude

La práctica totalidad de los responsables de la contrata de limpieza viaria y recogida de basuras de FCC en Barcelona conocían que la compañía mezclaba residuos de distinto tipo —envases para reciclar con basura normal, por ejemplo— para maximizar sus ingresos. Así lo pone de manifiesto la investigación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona, que revela que hasta 14 personas —entre ellas la jefa de la contrata, ingenieros, encargados de logística...— mandaron o recibieron correos electrónicos en los que se organizaba la manipulación de los sistemas de recogida.

Esta investigación, a cuyo informe final ha tenido acceso este diario, concluye el expediente informativo abierto por el Consistorio el pasado noviembre, cuando EL PAÍS destapó el caso. El Ayuntamiento ha abierto ahora un expediente sancionador, que podría acabar con la rescisión del contrato. Barcelona acusa a FCC de defraudar deliberadamente entre 2013 y 2015 un total de 3,3 millones de euros. La empresa es la adjudicataria de la limpieza en tres distritos de la capital catalana —Ciutat Vella, Eixample y Gràcia—, por los que ingresa 106 millones anuales.

Las mayor parte de las irregularidades son admitidas por la propia empresa, que ha hecho una investigación de tipo interno cuyas conclusiones recoge el expediente municipal. FCC, sin embargo, rechaza rotundamente la interpretación que hace el Consistorio sobre los hechos. "Ha habido errores de gestión, es cierto, pero nunca intención de defraudar", explica un portavoz. "Son errores que hay que entender dentro de la enorme complejidad de la gestión diaria de un servicio como el que FCC presta en Barcelona"

Toda la documentación sobre el caso ya está en manos de la fiscal anticorrupción Teresa Duerto. Esta ha solicitado al Cuerpo Nacional de Policía que investigue los hechos. Está previsto que en las próximas semanas sean llamadas a declarar las primeras personas relacionadas con el caso.

Las irregularidades cometidas por FCC se dividen en dos tipos: la facturación de miles de servicios no prestados y la mezcla de distintos residuos con el objetio de aumentar irregularmente sus ingresos. En el primer caso, destacaron los responsables municipales el pasado miércoles, FCC cobró entre 2013 y 2015 al Ayuntamiento 5.195 brigadas de limpieza que en realidad nunca salieron a la calle, a las que hay que sumar otras 1.079 que lo hicieron con menos personal del facturado.

El informe municipal evidencia cómo la empresa había logrado sortear las inspecciones —más de 9.000 al año— con las que el Consistorio fiscalizaba la contrata. De los 5.195 servicios cobrados y no prestados en esos tres años, los inspectores apenas habían localizado y sancionado 143 (el 2,75%). Entre los servicios prestados con menor personal del facturado, esta cifra es aún más baja: una vez en 1.079 servicios (el 0,09%).

La investigación municipal también muestra cómo FCC reaccionó a la publicación por EL PAÍS —el pasado 17 de noviembre— de la primera información sobre el supuesto fraude. Así, si en los 10 días previos la compañía no sacaba a la calle de media 8,7 brigadas de limpieza diarias, esta cifra se desplomó hasta 0,5 brigadas diarias en los 30 días posteriores a la noticia.

Estos datos y la estimación de 3,3 millones de fraude solo proceden de la mitad de la zona cubierta por FCC en Barcelona. Del resto, el Ayuntamiento no ha podido llevar a cabo investigación alguna ya que no cuenta con documentos sobre los que basarla.

La investigación interna de FCC, por su parte, realiza una comparación entre "el personal necesario para cubrir el servicio" y el que la empresa realmente tenía contratado. La conclusión de FCC es que "durante 2013, 2014, y 2015 contaba con 11, 8 y 24 trabajadores de más, respectivamente, de los necesarios para prestar el servicio". Esto, recoge el informe municipal, "lleva a la empresa a concluir que no hay razón para no haber prestado los servicios".

Esta explicación no ha satisfecho al Ayuntamiento de Barcelona. Por un lado, porque considera que el hecho de que FCC dispusiera "anualmente y de forma global de más personal del estrictamente necesario", no demuestra que "día a día y turno a turno fueran cubiertos todos los servicios". Por otro, porque FCC no utilizó una herramienta informática que permite a las empresas adjudicatarias avisar de que una brigada no ha salido a la calle. La investigación municipal censura que "FCC no declaraba anulaciones de itinerarios [de las brigadas] y, por tanto, certificaba [y cobraba] el total del servicio con independencia de que este se prestase o no".

La investigación municipal también confirma que los responsables de la contrata manipulaban la contabilidad del tonelaje de residuos recogidos en las calles. El objetivo era evitar "saltar el tramo" —no recoger más de una cantidad determinada de toneladas— para evitar así que bajara el precio por unidad pagado por el Ayuntamiento. La forma de hacerlo, mezclar distintos tipos de residuos para que las toneladas fueran contabilizadas de la forma que más interesaba a FCC.

La investigación municipal y la interna de la empresa coinciden en este punto en que las maniobras no tuvieron impacto económico real, ya que aunque el desvío de residuos no hubiera existido, no se habría "saltado de tramo" igualmente.

Para FCC, esto demuestra que no ha existido fraude en ningún sentido. Para el Ayuntamiento, en cambio, esto no le resta gravedad al caso. En términos muy duros, el informe concluye que "han quedado demostradas 'alteraciones preventivas' del servicio con la intención de alterar el precio del contrato", que estas prácticas eran hechas "de forma voluntaria y con una metodología organizada" y también "conocidas y compartidas por una gran parte de la organización [FCC] con responsabilidades de dirección, coordinación y organización del contrato en Barcelona".

Por último, el informe destaca que "la mezcla de residuos, reconocida por la empresa, afecta muy negativamente a las políticas públicas de reciclaje, alteran el concepto que tiene la ciudadanía sobre la recogida selectiva y desincentiva la separación de residuos, que es uno de los ejes de las políticas públicas".

Por su parte, FCC asegura en un comunicado que "ya ha tomado por iniciativa propia medidas superiores a las establecidas en el contrato para mejorar el control en la prestación del servicio". La empresa también afirma que "prestará toda la colaboración con el Ayuntamiento para esclarecer los hechos".

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