Los vecinos podrán vetar en Baleares los pisos turísticos en sus edificios

Los pisos turísticos en Baleares sólo podrán funcionar si cuentan con el visto bueno de la mayoría de la comunidad de vecinos del edificio. El Gobierno balear ha aprobado hoy el proyecto de ley que regula el alquiler turístico en la comunidad, una norma que deja vía libre a los Ayuntamientos para que restrinjan el alquiler de pisos turísticos en determinados barrios y zonas de los municipios. La nueva ley pretende regular la oferta ilegal que, en palabras del consejero de Turismo Biel Barceló, provoca una gran incidencia sobre el alquiler residencial con procesos de "gentrificación y de incremento de los precios del alquiler".

El proyecto de ley será tramitado en el Parlamento balear por la vía de urgencia para que entre en vigor a principios de este verano con el objetivo de ordenar la creciente proliferación de la oferta ilegal, que ha llegado a través del alquiler de apartamentos y pisos en las zonas céntricas de los municipios. La nueva ley deja que las comunidades de vecinos tengan la última palabra para permitir en sus edificios el funcionamiento de pisos de alquiler para turistas. Para ello, el propietario que quiera poner en marcha este negocio tendrá que contar con el beneplácito de la mayoría simple de los propietarios del resto del edificio, además de tener contadores de agua y electricidad independientes.

Otro de los aspectos novedosos es la introducción de medidas sancionadores orientadas a los comercializadores de este tipo de viviendas, que funcionan a través de internet y que hasta ahora han alojado anuncios de alquileres ilegales. El consejero afirma que los comercializadores estarán obligados a poner el número de registro de alta en la Consejería de Turismo de la vivienda que anuncian. "El número tendrá que estar visible" dice Barceló, que pretende con esta medida que el visitante que alquile el apartamento sepa que su propietario cumple la legalidad y que la Consejería pueda perseguirlo en caso contrario, con sanciones que pueden alcanzar los 40.000 euros.

Alquiler por zonas

La ley abre la puerta a que cada Ayuntamiento pueda regular las zonas en las que desempeñar esta actividad y restringir al máximo la proliferación de los pisos vacacionales. A partir de su aprobación, los municipios tendrán que especificar las áreas en las que permiten llevar a cabo el arrendamiento vacacional, restringiendo aquellas en las que se ponga en riesgo el derecho a la vivienda de los residentes. "Los Ayuntamientos podrán prohibir el alquiler turístico en todo o parte de su término municipal" explica Barceló.

Partidario de la prohibición total es el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, que anunció hace unas semanas su intención de eliminar totalmente esta actividad de la ciudad debido al grave problema de acceso a la vivienda que sufren los palmesanos. Noguera se ha mostrado en los últimos días abierto a permitir un modelo similar al de Ámsterdam, donde el alquiler a turistas se permite en ciertas zonas durante un máximo de dos meses al año por apartamento.

En cualquier caso, el equipo de gobierno en Palma compuesto por PSOE, Més y Podem tendrá que consensuar en los próximos meses el modelo que se aplica en la ciudad y si finalmente se permite el alquiler en determinadas áreas del municipio. Por el momento, este verano el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares continuará prohibido en Palma.

El problema de acceso a la vivienda de alquiler ha sido denunciado no sólo por los residentes, sino por muchos trabajadores que se ven obligados a desplazarse desde la península. El Sindicato Profesional de Policía informó la semana pasada de la excesiva rotación de agentes en Mallorca e Ibiza debido a los problemas que tienen para encontrar un alquiler que puedan pagar, mientras que UGT y Comisiones Obreras han advertido de que una gran cantidad de trabajadores de la hostelería están renunciando a sus empleos de temporada al no encontrar alojamiento.