El Tribunal de Cuentas cifra el coste público del rescate en 41.786 millones

La cuenta de lo que ha supuesto la quiebra de las antiguas cajas para el contribuyente sigue siendo un misterio. El proceso está abierto porque el Estado todavía tiene el 65% de Bankia y de BMN (liderada por la antigua Caja Murcia). Hasta que estas entidades no se privaticen, juntas o por separado, y se liquide la Sareb, el banco malo, al que le queda un plazo de 12 años, no se podrá conocer la pérdida del Estado.

Lo que sí se sabe es que no hay posibilidad de recuperar todo lo invertido. Desde la Administración se da por hecho que 26.300 millones que puso el Estado se han perdido para siempre, pese a que el Gobierno del PP prometió que los ciudadanos no pagarían la crisis.

El informe del Tribunal de Cuentas, hecho público ayer, va más lejos y hace un “cálculo del proceso de reestructuración”, es decir, lo que razonablemente se podría perder si se cumplen las previsiones actuales.

La cuenta del Tribunal parte de los 52.241 millones inyectados por el Estado en capital y cuotas participativas. A este montante le resta varias partidas: el importe de los por reembolsos de capital (800 millones); lo obtenido por la venta de entidades (2.239 millones); y el valor neto contable de Bankia y BMN, descontados los deterioros, que ascienda a 11.187 millones, según el Tribunal. A esta cuenta hay que añadir: el coste de la suscripción de bonos (352 millones); lo que puede perder el Estado por las garantías de las carteras inmobiliarias que ofreció a los bancos compradores de las antiguas cajas (918 millones); los costes de garantías judiciales por demandas (1.179 millones); el coste a las aportaciones de capital de la Sareb (540 millones) y 169 millones más de gastos diversos. El resultado del coste público es 41.847 millones. A esta cifra se debe restar 61,8 millones, que son beneficios logrados por el Banco de España en el proceso. El neto sería 41.786 millones, es decir, lo que razonablemente pueden perder los contribuyentes con esta crisis según el Tribunal de Cuentas, aunque falta partido por jugar.

En el lado privado está el Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC), soportado directamente por los bancos (e indirectamente por los clientes) que puso 8.005 millones en capital. El problema es que hay que añadir: las cuotas participativas perdidas en CCM (1.300 millones); las garantías para créditos dudosos que previsiblemente no se recuperarán (9.471 millones); las líneas de liquidez y otros gastos, lo que dispara el coste hasta 18.932 millones.

Críticas a la gestión del rescate

Al margen de los números, en su informe, el Tribunal da un tirón de orejas al FROB por no haber aplicado “para cada procedimiento de venta de entidades un documento con contabilidad analítica” lo que le llevó a tener “notables deficiencias” en la asignación de recursos dedicados a cada entidad. Algunas de esas críticas, como las relativas al proceso de rescate y venta de Catalunya Banc, abundan en lo afirmado en anteriores informes del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, contabiliza 58 millones en honorarios y gastos variados en la reestructuración. Así, el Fondo de Garantía pagó 38 millones por los “costes incurridos en las contrataciones de la fase de diagnóstico de la situación del sistema financiero español”, que le pasó el Banco de España. Además, los “honorarios de representantes y gastos de selección” de consejeros en representación del FROB a 10,8 millones.

El Estado también soportó gastos de asesoramientos en las ventas de entidades (CAM, Banco de Valencia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco, Unnim Banc y Cajasur) por 5,8 millones. A la factura se suman “otros gastos de notarías, otros asesoramientos e informes” por 3,8 millones, de los cuales 1,8 millones correspondieron al FROB y 1,7 millones al Banco de España. No cabe duda de que la crisis financiera ha sido rentable para asesores, consultores, notarios, entre otros.