El Tribunal de Cuentas controlará la labor del FROB y la CNMV por primera vez

El Tribunal de Cuentas fiscalizará por decisión propia y por primera vez la actividad tanto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según se recoge en el Programa de Fiscalizaciones para 2014, documento que ha remitido al Congreso y al Senado y que incluye a muchas otras entidades del sector público. Entre los ambiciosos objetivos que se ha marcado para este ejercicio, el organismo que preside Ramón Alvarez de Miranda fiscalizará por primera vez el trabajo del Banco de España entre 2009 y 2012, y también se analizará la gestión económico-financiera llevada a cabo por la CNMV durante el pasado año.

Junto a ello, realizará su tradicional análisis sobre la contratación del sector público estatal en 2012 y sobre los del sector público autonómico de los ejercicios 2010, 2011 y 2012. En este apartado ha incluido un apartado específico y "claramente diferenciado" sobre los Fondos de Compensación Interterritorial.

También se prestará especial atención a los pagos librados a justificar por el Gobierno central, a los avales que ha concedido, a las inversiones financieras permanentes en el exterior, a las encomiendas de gestión y a la gestión del inmovilizado material, así como a todas las operaciones o áreas de gestión de los departamentos económicos que hayan sido objeto de recomendaciones en anteriores informes del Tribunal.

Los planes de contratación y las subvenciones de los diferentes ministerios también serán objeto de estudio por el organismo fiscalizador, lo mismo que las ayudas para el fomento de los recursos humanos en I+D+i o las aportaciones complementarias para el programa Erasmus en los dos últimos años.

Lucha contra el fraude fiscal

En el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, el Tribunal de Cuentas revisará las principales actualizaciones realizadas por la Agencia Tributaria (AEAT) entre 2010 y 2012, así como el cobro efectivo de deudas tributarias que ha conseguido en los dos últimos ejercicios. Junto con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, el Ministerio de Hacienda también aprobó en 2012 (aunque vía decreto ley) la llamada amnistía fiscal.

También el fraude laboral será objeto de especial atención del departamento de Alvarez de Miranda, que se marca como objetivo fiscalizar la gestión y control por parte de la Seguridad Social de las incapacidades temporales y de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, así como saber cómo se controlaron las prestaciones que en 2013 abonó el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que actualmente acumula retrasos en el pago de sus obligaciones.

Asimismo, este año se analizará la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de formación profesional, e incluso se fiscalizará la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo "en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta".

Esta decisión se produce en plena polémica por la presunta gestión irregular por parte de UGT de fondos para la formación y el objetivo, según el documento, es fiscalizar las medidas específicas que se han tomado para "definir las necesidades objetivas de personal y concretas actividades en relación con la formación profesional para el empleo".