Los ingresos en prisión por delito fiscal aumentan un 63% desde 2012

La extendida creencia de que en España nadie va a la cárcel por defraudar a Hacienda se tambalea. En agosto pasado, 144 personas estaban en prisión por delito fiscal, según los datos que el Ministerio del Interior aporta a la Agencia Tributaria. Eso supone un aumento del 63% respecto a enero de 2012, cuando había 88 personas en prisión. La crisis ha llevado a la Abogacía del Estado, a Hacienda y a los jueces a endurecer sus criterios. La Audiencia de Madrid ha llegado incluso a mandar a prisión a un empresario condenado a un año de cárcel por defraudar 180.000 euros con un duro alegato: "El defraudador fiscal no merece comprensión".

Carmelo Aured, exalcalde de La Muela (Zaragoza), está en la prisión de Zuera desde octubre de 2013. Se le condenó por escamotear a Hacienda 734.666 euros en 2004 y 2005. Su abogado, César Ciriano, cree extraño que se le encarcelara por eso: "Tenía dinero en las cuentas para pagar la multa, pero el juez no quiso". El exregidor fue luego condenado por tráfico de influencias.

Como él, cada vez más personas pisan la cárcel por defraudar a Hacienda. En enero de 2012, había 88 en prisión cuyo principal delito era contra la Hacienda pública. Un año después, la cifra ascendía a 110; 2014 empezó con 124, y en agosto pasado ya eran 144. Si se suman las que están en prisión también por este delito, aunque no sea el principal motivo de condena, la cifra asciende a 161 personas.

Edmundo Bal, abogado del Estado jefe de lo Penal, ha vivido el cambio de tendencia: "Cuando en 1994 entré de abogado del Estado era impensable que alguien fuera a la cárcel por delito fiscal. Ahora recibo con frecuencia autos de entrada en prisión. Han sido años de trabajo de mucha gente para hacer ver a los jueces que el delito fiscal es grave. La crisis ha terminado de crear una nueva conciencia contra este delito".

Bal distingue entre tres tipos de personas en prisión por delito fiscal. Los grandes corruptos condenados por varios delitos, entre los que está el fiscal; los participantes en redes de fraudes del IVA o carruseles, y finalmente lo que él califica como "el defraudador buen padre de familia". Estos son "empresarios que defraudaron entre 120.000 y un millón de euros que antes pagaban la cuota defraudada y que ahora como no tienen acceso al crédito no pueden regularizar su situación e ingresan en la cárcel".

Fernando Bocanegra podría entrar en esa categoría. Este exconcejal de CDS en el Ayuntamiento de Madrid fue condenado en mayo de 2010 a un año de cárcel y multa de 180.881 euros por fraude fiscal. Según la sentencia, en 2001 Bocanegra no pagó 187.881 euros de IVA que correspondían a su empresa de limpieza, Geulimpsa. El juzgado de ejecuciones penales número 7 de Madrid suspendió su ingreso en prisión al ser la pena menor de dos años, una decisión habitual si no hay antecedentes penales.

La Abogacía del Estado recurrió y en enero pasado la sección 17 de la Audiencia de Madrid le dio la razón con un duro auto: "Es imprescindible poner fin a una extendida concepción del delito fiscal que lo reduce a poco más que una infracción administrativa [...] La dañosidad del delito fiscal estriba en que priva a las Administraciones públicas de los recursos financieros imprescindibles para cumplir eficazmente sus funciones y muy especialmente las que son propias del modelo de Estado asistencial, que forma parte del Estado social y democrático de derecho en que se constituye España, como proclama el artículo primero de nuestra Ley Fundamental".

El auto, del que fue ponente Jesús Fernández Entralgo, sigue desgranando por qué Bocanegra debe entrar en prisión. Señala que defraudar a Hacienda impide o dificulta que las capas sociales más desfavorecidas "tengan acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda": "El defraudador fiscal —frente a una extendida opinión— no merece comprensión. Adopta una actitud insolidaria; rompe, en mayor o menor medida, el contrato social y, en una proporción alícuota variable, está contribuyendo a la quiebra de aquel Estado asistencial". El auto considera que Bocanegra es "un reiterado mal contribuyente" cuyo "pronóstico de resocialización no puede ser más sombrío".

La defensa de Bocanegra alega que si el empresario no pagó fue porque dedicó el dinero de la empresa a pagar salarios antes de cerrarla, no porque se lo haya quedado. Tras ese auto de la Audiencia de Madrid, planteó un último recurso, por lo que ha evitado ingresar en la cárcel, y paga una cuota mensual a Hacienda. Pero ahora sí siente el aliento de la justicia. "La Abogacía del Estado está durísima", ratifica su letrado.

La Audiencia de Madrid se ha negado a suspender el ingreso en prisión de dos hijos de José María Ruiz-Mateos que defraudaron 1,4 millones y que tenían penas de siete y seis meses de prisión. Carlos Fabra ha sido condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales de casi 700.000 euros. La Abogacía del Estado pidió, sin éxito, que entrara en prisión aunque haya solicitado el indulto. La Agencia Tributaria se ha opuesto a la medida de gracia porque crearía "sensación de impunidad". "Se acabó la fiesta. Esto del fraude fiscal nos lo estamos tomando muy en serio", opina un fiscal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado asegura que no existe ninguna indicación genérica sobre la persecución del delito fiscal, en el que se incurre cuando se defrauda a Hacienda más de 120.000 euros. En 2011 la fiscalía abrió 942 diligencias por delito contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; en 2012 descendieron a 797, y en 2013 fueron 777.

Edmundo Bal muestra en sus charlas las cifras de personas que van a la cárcel por no pagar impuestos y explica que en el mundillo hay quien tiene dificultad para creerle. Cree relevante el cambio de percepción de los jueces y de la sociedad: "Durante años pensamos que intentar defraudar a Hacienda era casi un deber ciudadano. Ahora ya no lo ven así. Quizá ahora cuando un juez ve a un defraudador recuerda que a él le han quitado la paga extra".

En eso coincide un magistrado que ha dictado autos de prisión: "Los jueces venimos de clase media y solemos empatizar con estos delincuentes de cuello blanco más que con un ladrón de la calle. Pero tenemos que pensar que son iguales. Me he pasado la vida mandando gente a la cárcel que solo eran peces chicos, los grandes nunca entraban en la red y me he cansado".

El abogado Jacinto Gil Ugena insiste en la tesis: "Algunos de mis clientes están mentalizados de que van a ir a la cárcel. Antes era un chollo ser defraudador fiscal. Si regularizabas, la Agencia Tributaria no lo pasaba al juzgado, no se presentaba querella. Ahora, si hay una disconformidad te pueden presentar una querella. Ya no se hace la vista gorda como antes. Las arcas están vacías, quieren dar una lección y está entrando mucha gente en la cárcel".

Un perito de la Agencia Tributaria advierte: "Ojo, a veces no vale solo con regularizar. Algunos de los que lo hagan pueden ir también a la cárcel".