Rebelión entre las comunidades del PP por el nuevo objetivo de déficit

La decisión del Gobierno de endurecer los objetivos de déficit para las comunidades autónomas provocó este jueves un cisma entre las comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta ahora las comunidades populares, 11 de las 17 autonomías, habían actuado en bloque para sacar adelante las decisiones planteadas por el Gobierno en el cónclave de política regional. Pero este jueves la reunión derivó en un intenso debate en el que se resquebrajó el frente del PP. Además, durante la reunión Hacienda apercibió a ocho comunidades por sus retrasos en la aplicación en los ajustes presupuestarios y pone en marcha el mecanismo que podría culminar en la intervención.

El motivo de la rebelión entre las comunidades del PP radica en la decisión del Gobierno de no suavizar el objetivo de déficit para 2012. El pasado lunes el Ecofín, la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, concedió a España un año más para que equilibrara sus cuentas. El Gobierno ve así como se flexibiliza su techo de déficit para este año del 5,3% al 6,3% del PIB. Pero se niega a compartir ese punto adicional con las comunidades que tienen un límite de déficit para 2012 del 1,5%.

La discusión fue tensa. Fuentes presentes en la cita calificaron el tono del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como desafiante. Incluso chulesco. “¿Cómo pedís más déficit si no podéis financiar lo que tenéis?”, aseguran varias fuentes que pronunció el ministro.

Varias comunidades del PP amenazaron con abstenerse en la votación sobre los objetivos de déficit para 2013 (un 0,7% del PIB para las autonomías), 2014 (un 0,1%) y 2015, donde se pretende que las comunidades registren un superávit del 0,2%. Finalmente, dos de ellas, Extremadura y Castilla y León, se abstuvieron en la votación. Galicia valoró la posibilidad de abstenerse, pero las presiones del Gobierno provocaron que reconsiderara su postura a última hora.

A la salida, la consejera gallega, Elena Muñoz, aseguró que había dado un “sí crítico” por responsabilidad e indicó que la decisión del Gobierno “no es satisfactoria” para las comunidades. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, fue hasta diciembre consejera de Economía de Galicia.

La responsable de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, una veterana que en otras ocasiones ha ejercido de portavoz de la posición unitaria del PP, se mostró muy crítica con la postura del Gobierno y justificó su abstención porque no puede recortar gastos sin conocer los ingresos futuros, que tiene que comunicar Hacienda en virtud del sistema de financiación autonómica.

Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias, que no están en manos del PP, votaron en contra. Otras comunidades populares también expresaron su malestar por la actitud “desafiante” del ministro, según fuentes presentes en la reunión que explicaron cómo Montoro calificó las peticiones de las comunidades como “una demanda de relajación” mientras defendía que reservarse el margen adicional de déficit concedido por Bruselas es “aplicar realismo en el escenario económico”. Al concluir la reunión, el ministro explicó que “cada comunidad tiene su criterio pero han precisado que están de acuerdo con la finalidad que persigue”. Y agregó: “La tarea del Gobierno es clara, no hay nada más que una opción, que es cumplir”.

El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Collel, fue uno de los más críticos con la actitud del ministro, del que dijo que había estado “autoritario”. El consejero explicó que llegaron a la reunión con ánimo de alcanzar acuerdos y se toparon con un “ordeno y mando”.

Otras comunidades del PP, que votaron las tesis de Hacienda, reclamaron nuevas reformas al Gobierno para abundar en los recortes. Adujeron que el 80% del gasto regional corresponde a Sanidad y Educación. Una de estas es la Comunidad de Madrid.

El Consejo también trató otras cuestiones. Hacienda ha advertido a ocho comunidades. Tres de ellas por falta de información y otras cinco porque van con retraso en la ejecución de los ajustes presupuestarios. Montoro evitó precisar a cuáles había apercibido y evitó dar números. La próxima semana habrá reuniones con ellas para reconvenirlas. Si no hay acuerdo, se pondrá en marcha el mecanismo de sanción. De esta forma, se activa el proceso fijado en la Ley de Estabilidad que puede culminar, después de varios pasos y hasta retenciones económicas, en la intervención si las comunidades persisten en sus incumplimientos allá para el otoño.

Además, a pesar de que el presidente del Gobierno indicó el miércoles que el Consejo Fiscal aprobaría los hispanobonos para que las comunidades puedan hacer frente los vencimientos de deuda, varios consejeros aseguraron que en la reunión no se habló nada de este mecanismo de asistencia financiera para las comunidades, conocido popularmente hispanobonos. No obstante, el ministro explicó que este viernes lo estudiará el Consejo de Ministros: “Será como un fondo que atiende a los vencimientos de las comunidades que no pueden hacer frente”. El fondo estará respaldado por el Tesoro. Y agrego: “En modo alguno se mutualiza el riesgo de España”. Esto es, no serán hispanobonos [emisión de deuda conjunta avalada por el Estado].