El Gobierno afirma que no habrá flexibilidad para las autonomías

"Las comunidades autónomas tendrán en 2012 una financiación similar a la de 2011 y la Administración General del Estado tendrá menos recursos", ha asegurado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, tras participar en el encuentro financiero internacional organizado por Bankia y EL PAÍS. El número dos del ministerio de Hacienda ha explicado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el órgano de interlocución del Gobierno con los consejeros de Economía regionales- que se celebra esta tarde se repasarán los últimos mecanismos de financiación que el Estado ha puesto a disposición de las comunidades: un crédito sindicado de 35.000 millones de euros y una línea ICO de 10.000 millones para refinanciar vencimientos de deuda. Ambos instrumentos supondrán una gran inyección de liquidez que permitirá a las comunidades pagar las facturas pendientes.

"Es una revolución en la economía española", ha definido el secretario de Estado ambos mecanismo de liquidez. Pero Beteta también ha recordado que el Gobierno ha ampliado el plazo de cinco a diez años para que las comunidades devuelvan el anticipo de transferencias de los años 2008 y 2009. En este contexto, Beteta ha rechazado que se vaya a flexibilizar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas. "Cuando se comprometieron a cumplir un objetivo del 1,3% del PIB no tenían los mecanismos que les hemos puesto. El 1,3% está aprobado", ha sentenciado y ha recordado que el nuevo límite de déficit para las autonomías este año es del 1,5%.

Durante su intervención en las jornadas, el secretario de Estado ha señalado: "Las Administraciones Públicas están sobredimensionadas". Ha explicado que esta situación se debe, en muchos casos, a una concepción de la administración que "ha resultado clientelar" de administraciones públicas. Para justificar sus palabras ha asegurado que desde 2001 mientras la Administración General del Estado ha reducido su personal un 22%, las comunidades autónomas lo han aumentado un 44% y los ayuntamientos un 39%. “Esto ha provocado que en solo 10 años se incrementó en más de 440.000 el número de empleados que trabajan en las administraciones públicas”, ha apuntado Beteta. “Esta situación”, ha agregado, “no se debe a la transferencia de competencias, se debe a la multiplicación de entes, empresas y nuevos organismos públicos”.

Beteta ha afirmado: “Nos enfrentamos a uno de los mayores retos, la caída de los ingresos y el necesario sostenimiento de nuestro estado de bienestar, requiere de la modernización y la simplificación de la estructura”

Las Administraciones Públicas están sobredimensionadas

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas

El secretario de Estado ha recordado que existe un compromiso para reducir los más de 4.000 entes y empresas públicas. "Esto no puede ser. Es objetivo del Gobierno reducir las del Estado, y que las comunidades autónomas cumplan el acuerdo y lo ejecuten, y que las corporaciones locales también lo cumplan y lo ejecuten", ha indicado. Beteta ha señalado que "los acuerdos son antiguos pero nadie instaba a que se cumpliera".

El representante del Gobierno ha insistido en que el nuevo Ejecutivo popular que preside Mariano Rajoy está en un "proceso de restructuración" no solo del sector empresarial, sino del conjunto de la estructura del Estado. Así, ha asegurado que el Gobierno ha reducido un 18% el número de altos cargos –supone 88 altos cargos menos—y ha limitado el sueldo a los directivos de las empresas públicas.

Beteta también ha repasado las principales reformas que han afectado a su departamento. Y ha insistido en los dos mecanismos de financiación para mejorar la liquidez de comunidades y ayuntamientos: el préstamo sindicado de 35.000 millones para proveedores de las administraciones públicas, y la línea de crédito de 10.000 millones del ICO para las comunidades autónomas puedan refinanciar los vencimientos de deudas y pagar a proveedores. El número dos de Hacienda ha recordado que las administraciones que se acojan a estos mecanismos de financiación están obligadas a presentar un riguroso plan de viabilidad que impliquen el saneamiento de las cuentas públicas. Para ello, ha manifestado, se revisarán los planes de 8.300 ayuntamientos antes del 31 de marzo. “Nos hemos puesto la obligación de analizarlos en 30 días”, ha remachado.