Nuestro petróleo es el sol

"La milonga de la economía sostenible" no fue una expresión poco meditada de las que prodiga Javier Arenas. Refleja cómo entiende su partido la economía y la convivencia; ejemplifica la ausencia de compromiso de la derecha española con la distribución de la riqueza y su generación compatible con el futuro de los procesos económicos, medioambientales y sociales.

Y a los hechos me remito: el 27 de enero, el Gobierno del PP aprobó el Real Decreto-ley 1/2012, que supone el fin del apoyo prestado en España a las energías renovables durante los últimos años. Como responsable de la Junta de Andalucía en esta materia no puedo permanecer en silencio. Y no lo he hecho. Hay razones para defender el apoyo a las renovables. Razones prácticas e ideológicas; económicas y medioambientales; de seguridad y territoriales.

La energía es un vector esencial del modelo de crecimiento. Si su ahorro, el consumo responsable y su uso eficiente en la producción son básicos en la sostenibilidad del modelo, no lo es menos que esa energía consumida haya sido producida con fuentes renovables. En eso hemos estado en Andalucía. Con una ley; con planificación a medio y largo plazo, consensuada con los agentes económicos y sociales. Vinculándolas a la investigación (con el Centro Tecnológico Andaluz de Energías Renovables) y a la educación superior (creando nuevas titulaciones universitarias como grados, másteres y doctorados). Buscando la complicidad con el tejido productivo: Corporación Tecnológica de Andalucía incorpora como uno de sus sectores de acción a la energía y el medioambiente. Y con presupuesto: más de 350 millones de euros en la legislatura de la crisis económica e instrumentos novedosos como los fondos reembolsables.

Todo ello no es ajeno a que Andalucía sea hoy líder nacional en solar térmica de baja temperatura, termosolar, biomasa (generación eléctrica y usos térmicos) y capacidad de producción de biocarburantes. Que destaquemos en fotovoltaica y eólica. Y que un tercio de la potencia instalada y de la electricidad que generamos y consumimos en Andalucía provenga de renovables.

Ha sido y es una apuesta política de los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, que implica y exige defender unos intereses y no otros. Una decisión política con efectos positivos en Andalucía sobre la inversión, el empleo y el tejido productivo, así lo acreditan más de 11.000 millones de euros invertidos desde 2008; 44.000 personas que trabajan directa o indirectamente y más de 1.800 empresas que se esfuerzan porque nuestra tierra progrese.

Con esta decisión del Gobierno del PP, Andalucía y España pierden seguridad en el suministro. Mala decisión de política exterior: tanto geoestratégica (los principales países productores de combustibles y materias fósiles no coinciden precisamente con las zonas más estables a nivel mundial), como de balanza de pagos (buena parte de nuestro déficit exterior proviene de esas importaciones).

Se compromete el cumplimiento de la Directiva Europea 28/2009 para alcanzar el objetivo de generación renovable. Triunfa, pues, la tesis del primo de Rajoy respecto a la verosimilitud del cambio climático.

También se cuestiona la reputación de la seguridad jurídica de España, ya que hay numerosas empresas que han tomado decisiones para disponer de proyectos maduros, que son o han sido priorizados y que estaban a la espera de la preasignación.

Y se daña la cohesión territorial. Muchos de estos proyectos están ubicados en comarcas andaluzas con mayores necesidades de desarrollo económico: frenarlos es paralizar buena parte de las esperanzas en un crecimiento basado en sus propios recursos y potencialidades.

La decisión de paralizar el apoyo a las renovables que ha tomado el Gobierno del PP nada tiene que ver con el déficit público: el fin de las primas no reduce el gasto público en contra de lo afirmado por el ministro Soria. Antes bien, reducirá la inversión privada, impedirá empleo y disminuirá recaudación de impuestos. Menos competitividad y más déficit (atención, ministros De Guindos y Montoro). Eso sí, algún lobby... tan contento.

De hecho, afecta a más de 260 instalaciones de biomasa, biogás, cogeneración, eólica, fotovoltaica, residuos o termosolar en Andalucía. Instalaciones priorizadas y pendientes de instalación en 137 municipios de Andalucía, en todas las provincias. Unos proyectos que permitirían incorporar más de 5.300 megavatios de potencia obtenida de fuentes renovables; que supondrían más de 14.700 millones de euros de inversión y que generarían más de 51.000 empleos, un tercio de los cuales serían empleos directos.

Nos sentimos orgullosos de empresas que hoy ganan concursos de instalaciones de renovables en todo el mundo, incluso Estados Unidos. Y el Gobierno del PP toma decisiones en contra de ellas. No es comprensible. Es necesario movilizar a la opinión pública, la sociedad civil y los agentes económicos y sociales. Revertir esta decisión es una buena acción. En todos los sentidos. También por sentido común: porque nuestro petróleo es el sol y nuestro carbón, el viento.

Antonio Ávila es consejero de Economía, Innovación y Ciencia.