Las plataformas cívicas contra el desahucio exigen un cambio de ley

Más de 20 plataformas cívicas contra el desahucio establecieron ayer en Valencia el mecanismo para coordinarse a nivel estatal con el objetivo de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que modifique la legislación hipotecaria estatal.

Los colectivos, que se reúnen por segunda vez a nivel estatal, pretenden conseguir que se admita la dación en pago de manera retroactiva, una moratoria en los desahucios y el impulso del alquiler social.

La portavoz de la plataforma de afectados por las hipotecas de Valencia Iolanda Prats explicó que "el País Valenciano es la segunda autonomía en desahucios de toda España y que estos han crecido un 40% en 2011 respecto a 2010". Prats explicó que hasta el segundo trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la Comunidad Valenciana se registraron un total de 3.927 desahucios, de los que se pudieron detener un total de cuatro.

Registrados un total de 3.927 desahucios valencianos en el segundo trimestre

"La dación en pago, que parece tan difícil para las entidades financieras, parece que no es tan complicado cuando lo pide el Valencia CF, ya que Bankia les ha concedido 240 millones de euros mediante dación en pago, lo que equivaldría a que 4.000 familias cancelarían su deuda para toda la vida", indicó Iolanda Prats.

Ayer, en el Centre Cultural Octubre de Valencia, casi un centenar de representantes de distintas plataformas se reunieron para organizar un foro de comunicación permanente a través de internet, con el que compartir herramientas, y fijar la estrategia para impulsar la ILP en el Congreso. La portavoz de la plataforma de afectados por Cataluña Ada Colau explicó que, aunque ya han llevado dos veces sus demandas al Congreso de los Diputados y han sido rechazadas por los partidos mayoritarios, la ILP pretende obligar a los diputados a discutir las propuestas. "Estamos convencidos de que conseguiremos más de medio millón de firmas por lo que el Gobierno no podrá ignorar la demanda, que afecta a más de 300.000 familias y que posiblemente afectará al doble en los próximos años".

El representante de los afectados de Murcia José Coy explicó: "Pedimos a la gente que salga del armario, aunque la gente es reacia porque un desahucio es un estigma social y, a veces, no se lo dice ni a sus propios familiares". Según los miembros de las plataformas, las actuaciones realizadas hasta ahora han demostrado que, cuando la gente se une, tiene poder y el problema se hace visible.

"Reivindicamos el derecho a resistirnos a una ley injusta", explicó Coy, que indicó que la mayoría de la gente afectada por los desahucios es gente cumplidora y que se ha visto en situaciones complicadas por la pérdida de trabajo y la situación del sistema financiero. "Es hora de que los Gobiernos, en vez de mirar a los bancos, empiecen a mirar a las personas", señaló el portavoz de la plataforma de Murcia, que añadió que hay auténticas situaciones dramáticas, que acaban en enfermedades mentales y depresiones. "Lo que la gente quiere es una segunda oportunidad para reponerse y rehacer sus vidas", indicaron "y pedimos a la gente que no se espere a que llegue el aviso de desahucio para contactar con las plataformas, porque la situación es más fácil resolverla antes".