Feijóo y el Partido Popular se vuelcan con la patronal en plena campaña

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) irrumpió ayer en campaña para enviar sus propios mensajes al Gobierno que salga de las urnas. Tras el título Claves para la recuperación económica, un foro organizado en Santiago con la excusa del 30º aniversario de la institución, la patronal ofreció una larga lista de recetas para salir de la crisis: nuevos modelos de contratos que abaraten el despido, prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, austeridad en el gasto público, vinculación de los salarios a la productividad (no a la inflación) o acceso al crédito bancario fueron algunas de las propuestas.

A la cita acudieron los alcaldes de A Coruña y Santiago, tres conselleiros (Facenda, Industria y Traballo) y al menos un diputado del PP (Alberto Sueiro, auditor, que ha dado cursos en la CEG). Socialistas y nacionalistas habían sido invitados al evento pero ante la cercanía de las urnas excusaron presentarse en el auditorio de Galicia. Los secretarios generales de UGT y CC OO enviaron a dos representantes en su lugar.

"Este país hay que cambiarlo de arriba a abajo", aseguró un diputado popular

El plato fuerte de la mañana era el discurso de Joan Rosell, presidente de la CEOE. Frente al "galimatías" de la normativa a la que se tienen que someter las pymes, -que midió por los cientos de miles de páginas del Boletín Oficial del Estado y los boletines de cada comunidad-, exigió leyes "más claras" que no puedan modificarse en la misma legislatura. "Tenemos que hacer legal lo que es real", reclamó.

Amigo personal de Manuel Fraga, recordó sus primeras charlas con el expresidente de la Xunta: "Cuando venía a Galicia comía con él en el restaurante Vilas. Comparaba esto con Cataluña y me decía, 'Galicia se está haciendo emprendedora".

De elogiar la comunidad autónoma, Rosell pasó a describir la complicada situación de España, seguro de que el país incumplirá sus objetivos de déficit este año. "Solo el 8% de las cuentas de organismos públicos pasan una auditoría. Hace falta más control". "Hemos perdido credibilidad muy rápido", reflexionó al hacer el balance económico de la década. Y abordó el abaratamiento del despido con una de cal y otra de arena. Primero dejó caer que no es el plato fuerte de las demandas empresariales. Acto seguido recordó que se deberían adoptar los modelos de rescisión de contratos de otros países europeos porque "pagar 45 días por año con 42 mensualidades son 1.890 días", un peaje que "ahoga" a las pymes.

Junto a las reformas, Rosell demandó del nuevo Gobierno que profundice en las fórmulas de colaboración público-privadas, que tanto el PSOE como el PP han explotado en Galicia para construir infraestructuras con periodos de pago que llegan a los 30 años.

El 20-N flotaba en cada intervención. "Este país hay que cambiarlo de arriba a abajo", llegó a decir en su turno el eurodiputado José Manuel García-Margallo y Marfil, del PP (el programa omitía su pertenencia al partido). Minutos antes se refería a una propuesta electoral del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que la Unión Europea retrase en dos años los objetivos de cumplimiento del déficit: "A mis colegas [en el Parlamento Europeo] les ha puesto los pelos como escarpias". Antes del acto de ayer ya había calificado la promesa electoral como "un disparate, un esperpento".

Santiago Herrero León, vicepresidente de la CEOE, desgranó a lo largo de la mañana el modelo de relaciones laborales deseable por los empresarios para los nuevos tiempos, empezando por un contrato único con una indemnización de 20 días en caso de despido. "La idea puede provocar entusiasmo, pero hacen falta otros contratos". Propuso hasta seis para acabar con "las garantías de hiperprotección" de las que disfrutan los trabajadores indefinidos frente a los temporales.

Sobre la reforma de la negociación colectiva, aseguró que intentarán negociarla con los sindicatos. Pero la falta de acuerdo "no debe ser justificación para que ningún gobierno deje de realizar la reforma". Los deberes que la CEOE, en su versión gallega, tras el 20-N quedaron claros.