Griñán apuesta por la educación a costa de obras públicas y turismo

El que puede ser el último presupuesto elaborado por el PSOE en Andalucía, si en las elecciones autonómicas se produce el vuelco que vaticinan las encuestas, va a ser la principal arma política del Gobierno de José Antonio Griñán para afrontar la recta final de la legislatura, pero además una importante herramienta electoral. Y no solo para Griñán, sino también para el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, según admiten en el Ejecutivo andaluz. Toda la campaña del PSOE está basada en el contraste con las políticas del PP allí donde gobierna, lo que Rubalcaba llama la metáfora de los menús, y las cuentas andaluzas para 2012 le brindan, sobre el papel, los ingredientes para cocinarlos.

El Gobierno andaluz apela "al contraste" con las políticas del PP

Pese a las dificultades de elaborar unos presupuestos con unas cuentas estatales prorrogadas, es decir, sin tener información fiable al 100% de los ingresos; con el compromiso de alcanzar en 2012 un déficit del 1,3%; con la recaudación de impuestos cayendo en picado por la baja tasa de crecimiento económico; y con el paro rozando el 30% en Andalucía, el Gobierno andaluz aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos en el que, un año más, castiga la inversión en obra pública y turismo, que se retrotrae a niveles de 2005, para poder mantener las políticas sociales y, singularmente, la educación. "Las obras públicas no son sociales, la inversión puede esperar", afirmó ayer la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien aseguró que los "recortes no son la única solución a todos los problemas".La Junta dispondrá el próximo año de 32.020 millones de euros, un 1,1% más que el ejercicio ahora en vigor y al que se le han descontado los casi 53 millones que suponía la gestión del Guadalquivir, tras renunciar a esta competencia. El aumento de los ingresos lo consigue aumentando hasta cinco impuestos, pero sobre todo acudiendo al máximo techo legal de endeudamiento, que crecerá un 33%.

Según la información facilitada ayer por Martínez Aguayo tras la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto por el Consejo de Gobierno, el 83% del gasto va destinado a las políticas sociales, un 1,4% más que en 2011. Para lograr esa subida, otras consejerías han tenido que bajar sus recursos en un 8,6% de media. La tijera no se ha metido ni en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, ni en las políticas de I+D+i, ni empleo. Sin embargo, el departamento que más crece es Gobernación (5,8%), algo que Hacienda atribuyó al gasto que genera la celebración de las elecciones autonómicas (15,8 millones) y al aumento de las partidas para el PER (31 millones). Con todo, el mayor incremento del gasto del presupuesto autonómico no es para ninguna política, sino para pagar la amortización de la deuda (2.229 millones, un 18,3%).

Aguayo destacó que Educación -"el corazón de la política económica"- es la principal prioridad de las cuentas, que dispondrá de 7.615 millones, un 2,5% más. El Gobierno de José Antonio Griñán no solo va a mantener las políticas educativas, sino que tiene previsto ampliar en 8.216 las plazas de guarderías hasta alcanzar las 100.000 en 2012. También estima que va a contratar a 820 docentes y continuará con su iniciativa de dotar de ordenadores a alumnos y profesores de manera gratuita, por lo que se distribuirán 84.900 portátiles. Con esta apuesta, el Gobierno andaluz apela al "contraste" con las políticas en otras comunidades, donde se ha prescindido de la contratación de interinos.

Las partidas de sanidad (9.393 millones de euros) permanecen prácticamente idénticas y suponen el 31% del gasto no financiero del presupuesto andaluz. "Se van a mantener todas las prestaciones, sin retirar, suspender o abandonar ninguno de los servicios", afirmó Aguayo.

La tercera pata del presupuesto de la que presumirá el Gobierno andaluz es la atención de la dependencia, que consumirá 1.187 millones de euros, un 5,9% más que en 2011. La atención a los dependientes está cofinanciada por el Estado, aunque casi el 65% de este gasto lo paga la comunidad. Como viene ocurriendo desde hace años, la Junta subirá en un 2% las pensiones asistenciales, aunque en el conjunto global esta partida decrece.

Las políticas de I+D+i crecen un 7,4%, hasta los 484,9 millones, mientras las de empleo lo hacen en un 1% (sumarán 1.322 millones de euros) y las transferencias finalistas a los ayuntamientos suben un 14%.

Un año más, la Junta ha preferido sacrificar la inversión para mantener las políticas sociales, que considera su seña de identidad. La inversión pública asciende a 4.854 millones de euros, casi diez puntos menos que el presupuesto de 2011, aunque representa el 3,1% del PIB. Este volumen de recursos es similar al consignado en los presupuestos de 2005. Por este motivo, las consejerías más perjudicadas son Obras Públicas y Vivienda (-25,3%), Turismo, Comercio y Deportes (-16,4%) y Medio Ambiente (-9,9%).

Aguayo anunció que no habrá grandes obras públicas nuevas ni se rescindirá ninguno de los contratos adquiridos con las empresas. "Nada se olvida, todo va a ritmo del presupuesto", comentó. Un año más, se acudirá a la financiación mixta público-privada por 565 millones de euros, 50 millones más que este año. La consejera no aportó datos de ejecución de este programa.