El metro de Málaga acumula seis retrasos en su entrada en servicio

Algún día, no se sabe cuándo -tal vez en febrero de 2013, tal vez antes, tal vez después- el metro comenzará a circular bajo las calles de Málaga. Ese día se podrá atravesar la capital malagueña en apenas 10 minutos en un medio de transporte limpio, cómodo y puntual que mitigará, además, la enorme dependencia del coche privado que sufre la sexta ciudad de España. Ese día, en fin, los ciudadanos malagueños quizá comiencen a olvidar la pesadilla político-empresarial que están viviendo durante las fases de diseño y construcción del suburbano.

La obra de la Costa del Sol, que se inició en junio de 2006, debería haber entrado en servicio en febrero de 2009, con un coste de 403 millones de euros. Sin embargo, la bronca política entre la Junta y el Ayuntamiento, las modificaciones del proyecto inicial impuestas alternativamente por las administraciones y la empresa concesionaria del metro, y la sucesión de responsables al frente de la Consejería de Obras Públicas, han alargado los plazos al menos cuatro años. En este tiempo, el presupuesto se ha disparado hasta los 760 millones de euros.

La Junta trata de devolver a la concesionaria el tramo que le quitó

El pasado jueves, el viceconsejero de Obras Públicas, José Salgueiro, acudía a Málaga para dar la enésima mala noticia: el metro no entrará en servicio en dos tramos inconexos el 11 de noviembre de 2011, como estaba previsto por la Junta ante el retraso de los trabajos. La decisión de abortar esta puesta en marcha parcial con solo 56 días de antelación es puramente económica. Inaugurar el metro para que los trenes circulen solo a lo largo de unos pocos kilómetros por el Campus de Teatinos o por el interior del distrito de Carretera de Cádiz es ruinoso. Según un estudio de la concesionaria, por estos tramos solo viajarían 2.000 pasajeros diarios, lo que supone un déficit de 12 millones de euros al año. Este dinero se lo tendrían que abonar la Junta y el Ayuntamiento a la empresa concesionaria -que construirá y pagará el 48% de la obra y explotará el tren ligero durante 30 años-.

Desde que se iniciaron los trabajos, y a medida que se iban introduciendo modificados sobre los planos, la puesta en servicio del metro se ha ido retrasando sucesivamente a finales de 2009, a mediados de 2010, a mediados de 2011 y a finales de 2011. Fue la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, quien en 2008 planteó abrir de forma parcial el suburbano en noviembre de 2011. Y fue el actual director del Metro, Enrique Salvo, quien anunció públicamente la fecha y la hora concretas: el 11 del 11 de 2011 a las 11 de la mañana. Los responsables de la consejería hicieron el anuncio sin contar con los estudios que demuestran que la apertura parcial es ruinosa.

La única fecha que se atreven a apuntar los responsables de la Consejería para abrir las dos primeras líneas del metro es febrero de 2013. En esa fecha, la concesionaria tiene que empezar a devolver el préstamo al Banco Europeo de Inversiones con el que financió su parte de la obra. El tramo común Guadalmedina-Malagueta previsto en el proyecto inicial, se acometerá más adelante y no tiene fecha de finalización.

El retraso del tramo común se debe, en parte, a la decisión de la antigua consejera Gutiérrez de retirar la concesión de este tramo a la empresa constructora para abaratar la obra. La Junta busca ahora un resquicio legal para devolver el tramo a sus antiguos adjudicatarios.

El metro ha sido uno de los principales argumentos de batalla entre la Junta, gobernada por el PSOE, y el Ayuntamiento, cuyo alcalde, Francisco de la Torre (PP), ha planteado todo tipo de pegas. El regidor puso trabas -en periodo preelectoral- al inicio de las obras en Carretera de Cádiz y no dudó en alimentar el miedo de los vecinos a posibles daños en sus viviendas, que han sido mínimos. La actitud de la Junta tampoco fue ejemplar: la escena del entonces concejal de Transportes, Javier Berlanga, recogiendo en 2006 las cajas del proyecto de metro en Sevilla con una carretilla ante la negativa del Gobierno andaluz de enviarlas a Málaga es sintomática de las relaciones entre ambas administraciones.