Las canteras y el mármol denuncian la inseguridad jurídica de su actividad

Alicante concentra la mayor producción de mármol del mundo, y de la mejor calidad. Castellón alberga el 95% de la industria azulejera española, que se nutre de las arcillas y caolines del territorio circundante. Pero el exceso de regulaciones, lo farragoso de los trámites y una cierta obsesión proteccionista que los industriales del sector atribuyen a la Consejería de Medio Ambiente hacen que su actividad se desarrolle en un marco de absoluta inseguridad jurídica. Ricardo Rodríguez, presidente de la Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana (Fiecova), lamentó ayer "el ecologismo de patio trasero" que practican las Administraciones autonómica y municipales en toda la Comunidad Valenciana que acaban complicando la actividad de sus asociados, incluso anulando concesiones históricas para adaptarse de forma torpe a las exigencias de la Unión Europea.

César Luaces, director general de la Federación de Áridos de ámbito nacional, explicó en una jornada celebrada en Aidico, el instituto tecnológico de la construcción, que cuando la Comisión Europea impulsó la Red Natura en 2000, España se subió al carro con exceso de celo. "España aporta el 25,5% de todo el suelo protegido por la Red Natura en el conjunto de la Unión Europea, tanto como Alemania y Francia juntas", explicó Luaces. Además, al declarar zonas protegidas para preservar el habitat de ciertas aves o de especies forestales, muchas "explotaciones mineras preexistentes se encontraron atrapadas en zonas protegidas y nadie se preocupó de establecer mecanismos de indemnización". Según Luaces, después de 10 años, la UE ha descubierto que declarar suelos protegidos sin más no supone mejorar el ecosistema. "Hay que inyectar dinero para evitar el abandono o el incendio de los bosques, sería mejor compatibilizar las canteras con la biodiversidad para garantizar un desarrollo sostenible".