El PSPV coloca a dos imputados en la Diputación alicantina
El candidato a diputado provincial de Alicante en representación del PSPV Raúl Valerio está imputado por malversación de caudales públicos y por su votación en la Junta de Gobierno Local sobre una parcela de Bigastro cuando era concejal.
La comisión ejecutiva provincial de los socialistas alicantinos acordó el pasado martes la propuesta de candidatos de cada partido judicial a la Diputación que incluyó a Valerio, el exalcalde de Bigastro que sucedió a José Joaquín Moya, también imputado por cinco causas diferentes tras haber sido detenido en octubre de 2008, razón por la que dimitió.
La secretaria general del PSPV de la provincia de Alicante, Ana Barceló, eludió comentar la imputación de Valerio, que atribuyó a procedimientos iniciados por el PP y confirmó que "mantenemos la lista que ya se ha mandado a la ejecutiva federal".
Raúl Valerio es investigado por el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela por una supuesta malversación de caudales cuando ejerció como tesorero municipal. Según el sumario, Moya, su predecesor en el cargo, retiró sin justificar durante cinco años entre 375.000 y 700.000 cuando Valerio era tesorero. Ambos están imputados por "el cobro de efectos cambiarios expedidos por el Ayuntamiento sin justificación de la causa de su emisión". Los pagarés llevaban la firma del secretario municipal, de Moya y de Valerio. Tras varias denuncias del PP, la Guardia Civil intervino el Ayuntamiento a finales de 2008.
La otra causa en la que está imputado Valerio versa sobre supuestas irregularidades en varias parcelas del sector D-9 del planeamiento urbanístico.
Ayudas europeas
En la lista para la Diputación propuesta por el PSPV también figura el alcalde de L'Alqueria d'Asnar, Jaume Pasqual, investigado por un juzgado de Alcoi en una causa abierta desde 2001 por la supuesta malversación de un millón de euros del Ceder La Montaña, un plan que recogía las ayudas europeas del Plan Leader destinadas al desarrollo rural.
El magistrado tomó declaración a Pasqual en este caso que sigue investigando el juzgado. Hace un año, nombró un perito para analizar las cuentas del Ceder de 1993 a 1995, y ha seguido solicitando información al Ayuntamiento de Cocentaina. Siguen imputados el exalcalde contestano José Marset y el gerente del Ceder, Marcos Lloréns. Pasqual defiende su inocencia y asegura que nunca ha estado imputado.
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