Cálculos
A la vista del repentino ataque de austeridad poselectoral que le ha entrado a Mariano Rajoy y a su junta directiva en pleno, uno se pregunta si no merecería la pena que, cada tres meses, algún partido político perdiera las elecciones como lo ha hecho el PSOE en estas últimas. Aunque parezca algo rocambolesco, podría ser esta la única garantía que nos queda para que los mercados financieros rebajaran algo su ansiedad y se olvidaran de nosotros por completo.
Ahora, según afirman los dirigentes populares en Castilla-La Mancha (CLM), el Gobierno socialista saliente no podría ya pagar ni las nóminas de sus funcionarios (lo que, esto sí, supondría un ahorro digno de consideración). Y no solo eso. También han dicho que suprimirán entre el 50 y el 75 por ciento de las empresas autonómicas creadas en este territorio, en las que, por cierto, trabajan "unos 3.000 colocados, la mayoría solo por tener el carné del PSOE", en palabras de Marcial Martín, coordinador económico regional del PP en CLM.
Es cierto que las declaraciones del tal Martín pueden suponer una irresponsable frivolidad en unos momentos en los que todavía no se conocen los datos contables precisos que avalen la denuncia realizada. Pero debe reconocerse que esto de empezar a evaluar el coste clientelar en el que han incurrido las diversas Administraciones periféricas del Estado, sin distinción de credos ideológicos, ubicación geográfica o tamaño, no es un mal método para encarar la nueva dinámica de austeridad que se nos avecina.
Aceptemos por un momento que el cálculo del citado coordinador es correcto. Entonces, puesto que lo que ocurra en Castilla La Macha, si es que algo ocurre finalmente allí, es totalmente extrapolable a cualquier otro territorio de España, esos 3.000 colocados en CLM, "por tener carné del PSOE", podrían transformarse, siendo prudentes, en no menos de 45.000 para el conjunto de las Administraciones periféricas del Estado (solo los Ayuntamientos ya disponen de 34.000 sociedades y entes al margen de la estructura funcionarial), lo que nos llevaría a constatar que la cantidad de colocados por tener carné de lo que sea en España es bastante más elevada de lo que pensábamos. Si multiplicáramos ahora el número estimado de estos por el sueldo medio de un trabajador español, que es de unos 22.000 euros, obtendríamos una cifra cercana a 1.000 millones de euros, que es cualquier cosa menos irrelevante a los efectos de la estrategia de austeridad que se pretende.
Lo que es seguro, en todo caso, es que será necesario realizar sencillos cálculos como éste en los próximos meses y en todos los niveles de la administración. Solo así se podría calibrarse con una cierta precisión, el coste real de esa irrefrenable tendencia de nuestros dirigentes políticos en estos últimos años a mostrarse tan generosos con sus amigos y colegas de partido, y, sin embargo, tan duros e inflexibles con los funcionarios y ciudadanos en general. Quedamos a la espera.
