Las instituciones plantean devolver a plazos los 435 millones de Rover a partir de 2012

Poco a poco y a partir del año que viene. Esa será la petición que el diputado de Economía y Hacienda alavés, el peneuvista José Luis Cimiano, llevará en breve a la Agencia Tributaria, con la esperanza de que el Gobierno central se muestra sensible a sus demandas y permita a la institución foral devolver a plazos los 435 millones de euros correspondientes al IVA asociado a las operaciones de exportación entre 1990 y 2005 de los vehículos de la marca Rover. Ese es el acuerdo adoptado ayer entre los tres diputados de Hacienda y el consejero de Economía, Carlos Aguirre, en una reunión urgente celebrada en la mañana de ayer en la sede del Ejecutivo en Vitoria tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Hacienda alavesa a devolver ese dinero, ya distribuido entre las tres Diputaciones y el Gobierno.

El Supremo falla por vez primera en contra de la Comisión Arbitral

El Ejecutivo tendrá que devolver al Estado más de 304 millones

El Supremo ha corregido la decisión adoptada por la Comisión Arbitral, el organismo que dilucida en primera instancia las discrepancias entre las instituciones vascas. La Comisión Arbitral interpretó que la retención del IVA correspondía a Álava porque los vehículos, que entraban en España a través del Puerto de Pasajes, se almacenaban en una plataforma logística en Araia. El Supremo estima que por la simple circunstancia de que unas mercancías hayan transitado por o permanecido en el País Vasco durante unos días no se puede atribuir íntegramente a la Hacienda de Álava la tributación por razón del IVA inherente a la comercialización y entrega de esas mercancías.

"Sin que la fabricación de dichas mercancías se haya producido en País Vasco, sin que tampoco se haya producido transformación de las mismas en el País Vasco, y sin que la labor de comercialización de esas mercancías haya tenido lugar en dicho territorio", la tributación no le corresponde, señala la sentencia.

Un debate, el del punto de conexión de las administraciones, que se ha prolongado tres lustros y que finalmente ha acabado por decantarse por el cobro en la Agencia Tributaria. La Sala de lo Contencioso del Supremo explica que las instalaciones de Araia eran un simple punto logístico dentro del transporte único entre el lugar de fabricación en Inglaterra y las instalaciones de los concesionarios. Y a renglón seguido especifica que ese destino suponía una parada temporal de unas mercancías cuyo destino final venía predeterminado desde el Reino Unido, implicando "un mero tránsito hasta las instalaciones del adquirente", aunque en la plataforma logística se hubieran realizado cuantiosas inversiones.

El problema de las haciendas vascas para devolver el dinero es que ya ha sido incluido en los presupuestos de las cuatro instituciones e incluso en los de los Ayuntamientos y después del primer cuatrimestre, los grados de ejecución presupuestaria oscilan entre el 24% y el 37%.

El dinero fue repartido el pasado año siguiendo los criterios del complicado entramado financiero vasco. Según la Ley de Aportaciones, al igual que cualquier ingreso de carácter tributario, el 70% de los 435 millones quedó en manos del Ejecutivo, mientras que el 30% restante se lo repartieron las Diputaciones. Es decir, el Gobierno ingresó en sus arcas 304,5 millones de euros, el 2,7% de su presupuesto consolidado, mientras que las tres instituciones forales ingresaron en conjunto 130,5 milloes, el 4,43% de la suma de sus presupuestos operativos. Sobre una recaudación total prevista por tributos concertados para 2011 de 12.500 millones, esos 435 millones supondrán en total el 3,48%.

Es la primera vez que el Tribunal Supremo modifica los términos de una resolución de las 17 adoptadas por la Comisión Arbitral, tribunal regulado en los artículos 66 y 67 del Concierto Económico, en los 11 recursos que han llegado hasta él.

Precisamente son esos mismos artículos los que establecen que las decisiones de la Comisión pueden ser recurridas a la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal. Pese a las críticas de las Diputaciones, han sido estas las que más han utilizado el recurso al Supremo, hasta en cinco ocasiones.