19 municipios disparan su censo electoral antes de las elecciones

El censo electoral de Dos Aguas ha crecido un 26% entre septiembre de 2010 y febrero de 2011. Esta localidad de La Hoya de Buñol -gobernada por José Ramón Grau, elegido por UV, expulsado del PP y que se presentará de nuevo en una lista del PP en las próximas elecciones- ha pasado en este periodo de 415 votantes inscritos a 525. Si se compara el incremento de altas desde el mes de enero del año pasado, la tasa se ha disparado en un 41%

Dos Aguas es, junto a Ador, Andilla, Antella, Benagéber, Cortes de Pallás, Chera, Gestalgar, Llocnou de la Corona, Pinet, Ràfol de Salem, Siete Aguas, Sot de Chera, Torrell, Vallés, Villagordo del Cabriel y Zarra, uno de los 17 municipios de la provincia de Valencia sobre los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto el foco al entender que se ha producido un "incremento de residentes significativo y no justificado" de cara a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. A esta lista se suman las poblaciones de Finestrat en Alicante y La Pobla de Benifassà en Castellón.

El análisis se centra en pueblos de hasta 2.000 habitantes, los más vulnerables

Varios polémicos proyectos dependen de los resultados electorales

La reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que entró en vigor el pasado mes de enero, obliga a la Oficina del Censo a publicar el listado de los municipios en los que se haya detectado la sospecha de un incremento intencionado del listado de votantes con el fin de influir fraudulentamente en el desarrollo de las elecciones.

Este análisis atiende a los cambios de tendencias de altas de electores en función de los meses anteriores y se hace en poblaciones de hasta 2.000 habitantes. Por su pequeño tamaño, se estima que en estas localidades es donde resulta más probable que algún partido hinche artificialmente los censos para conseguir resultados electorales favorables.

El hecho de que el INE señale a determinados municipios, como los 19 de la lista que ayer se hizo pública, no implica necesariamente que se hayan detectado irregularidades. "Nosotros empleamos un criterio estadístico", apuntan desde el censo electoral, "son los partidos los que pueden impugnar los censos si consideran que ha sucedido algo extraño".

Las candidaturas que crean que pueden verse afectadas por incrementos fraudulentos del censo pueden presentar una reclamación administrativa ante las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo desde ayer hasta el 11 de abril, según recoge la normativa.

Ayer mismo, algunos partidos, como el PSPV, comenzaron a analizar el informe del INE para determinar si recurren alguno de los censos. Antes, los equipos jurídicos y los militantes de las formaciones que se sientan perjudicadas en los municipios señalados tendrán que deslindar los casos en los que los incrementos de votantes puedan tener una justificación por el aumento de la población de aquellos en los que existan indicios de un intento de juego sucio por parte de otros partidos. "Hay que analizar muy bien cada localidad", indicaron a este diario desde el PSPV.

En el caso de Finestrat, los socialistas valencianos ya han denunciado 76 empadronamientos presuntamente fraudulentos entre septiembre y diciembre de 2010. "La mayoría de personas se han empadronado en casas del alcalde [Honorato Algado, del PP], así como de militantes y miembros de la ejecutiva del PP", censuraron desde el PSPV local en febrero. El portavoz socialista, Vicente Martínez, mostró su sospecha de que algunas de estas altas tuvieran que ver con contrataciones del Consistorio. En los pasados comicios, los populares ganaron las elecciones en este municipio por tan solo 18 votos. Estas papeletas bastaron para conceder la mayoría absoluta a la candidatura del PP.

Entre los 19 municipios sospechosos de la lista del INE hay poblaciones que han sido objeto de acusaciones anteriores por haber alterado el censo. Es el caso de Dos Aguas, donde el PP denunció a la Junta Electoral de Zona antes de las elecciones de 2007 al actual alcalde, José Ramón Grau -que en los próximos comicios irá en sus listas como independiente-, por dar de alta de forma presuntamente irregular a 117 personas y dar de baja a otras 20 sin su consentimiento.

También hay varias poblaciones señaladas sobre las que penden polémicos proyectos urbanísticos. Es el caso, de nuevo, de Dos Aguas, con el vertedero y los problemas que tuvo con la legalidad de la licencia y la Declaración de Interés Comunitario (DIC) concedida por el gobierno valenciano para la puesta en marcha de esta actividad. O de Zarra, a cuyo frente se encuentra Juan José Rubio, un alcalde expulsado de las filas del PSPV, que pretende alojar en su término municipal el almacén de residuos de todas las centrales nucleares de España. También está Siete Aguas (PP), que tiene proyectado albergar un centro penitenciario que albergará unos 1.000 internos y cuyo presupuesto ronda los 92 millones de euros.