El juez indaga un fraude en una contrata de Benidorm

El juzgado de instrucción número 3 de Benidorm investigará, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, la compra de mobiliario urbano por parte del concejal de Escena Urbana de la ciudad, Conrado Hernández, hace justo un año. El fiscal ha apreciado un presunto delito de fraude en la contratación pública, según el artículo 436 del Código Penal.

El Consistorio compró 200 bancos de colores para instalar por toda la ciudad por 58.000 euros sin seguir procedimiento de contratación alguno y con el único soporte de un informe firmado por un funcionario y el edil, que especificaba el precio del mobiliario y a la empresa que debía comprársele, según denunció el PP en marzo de 2010.

La contestación del mismo Hernández, de la concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, y del alcalde, Agustín Navarro, fue que la compra se había hecho legalmente e instó en un pleno a los populares a acudir a la fiscalía.

Sin embargo, a raíz de conocerse públicamente los hechos, el gobierno que preside el socialista Agustín Navarro, suspendió el pago previsto e inició un concurso restringido para adjudicar la compra del mismo mobiliario, que ya estaba depositado en almacenes municipales. El resultado es que se le adjudicó a la misma empresa, Top-Urbano Espriu, el suministro de los bancos por 44.000 euros, es decir, por 14.000 menos del precio inicialmente previsto, importe que finalmente abonó el 17 de diciembre.

El pasado mes de julio, el PP llevó el asunto a la fiscalía. El ministerio público tras recabar datos y hacer averiguaciones apreció indicios de delito por la supuesta concertación entre la empresa y la autoridad.