El Tribunal de Cuentas certifica el descontrol en la gestión de Musikene
La auditoría revela un rosario de incumplimientos legales y tributarios
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas hizo público ayer un demoledor informe de fiscalización de las cuentas de Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, relativas a 2009. La auditoría, solicitada por el Parlamento, refleja múltiples irregularidades en la gestión del centro hasta concluir que se "ha incumplido la normativa legal que regula su actividad económico-financiera". El órgano fiscalizador observa deficiencias desde la propia articulación jurídica del centro -una fundación privada financiada por Educación al 94,6% ese año- hasta los tipos de contratos de los profesores, sus gasto de viaje, y las cuantías de las matrículas.
El informe se hace público un año después de que se despidiera al director artístico y gerente del centro, José Luis Estellés y Fernando Vázquez, un gesto que propició un cambio de modelo de centro, una cascada de protestas entre alumnos y profesores y acusaciones de irregularidades desde Educación y la nueva coordinadora general del centro, Carmen Rodríguez-Suso.
El patronato no aprobó el aumento del presupuesto para la nueva sede
El informe revela que los anteriores gestores, encabezados por el ex coordinador, Juan José Pujana, no elevaron al patronato de la fundación algunas de las decisiones que deberían haber obtenido su visto bueno. Es el caso de los precios de matrícula, el pago de trienios que comenzó en el curso 2008-2009 -costaron 81.000 euros en 2009-, los incrementos retributivos anuales -el 40% en los últimos cuatro años- o el pago de un fijo por desplazamientos para los profesores que viven a más de 50 kilómetros de San Sebastián.
El informe incide en la situación contractual de los profesores. En 2009 existían 39 contratos mercantiles -algunos de profesores que habían tenido contratos directos con el centro- vigentes en Musikene, cinco de ellos con empresas y el resto con personas físicas. Este hecho reduce la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad, explica el tribunal. Entre 2007 y 2009, de los 48 profesores contratados tan solo uno lo fue por convocatoria pública.
El tribunal hace hincapié en la figura del director artístico, cargo que mantuvo hasta hace un año el clarinetista José Luis Estellés. Explica que por esta labor cobraba 83.000 euros anuales brutos, a los que se añadieron en 2009 otros 44.000 euros por ser también profesor y 12.000 por dirigir una ópera de los alumnos. Otros tres profesores percibieron en total 45.000 euros por esta obra.
El tribunal explica que la fundación no incluyó a la empresa a través de la cual cobraba Estellés en la declaración anual de operaciones con terceros a la Hacienda guipuzcoana. A esta deficiencia se suman otros cinco contratos mercantiles en circunstancias similares y 34 contratos en los que no se declara el IRPF por una cantidad valorada en 199.000 euros.
El órgano auditor asegura que existen docentes que trabajan al mismo tiempo en otros puestos de la Administración y apunta que no cuentan con la compatibilidad para hacerlo y critica que no se controlen las horas trabajadas.
El tribunal destaca tres contratos que costaron 114.000 euros -por afinar instrumentos, editar una revista y por transporte- en 2009 y que, según el pliego de condiciones, no podían tener prórrogas, por lo que las ampliaciones "no tienen cobertura legal". A ellos suman 207.000 euros en compras sin publicidad.
El informe revela que el aumento del presupuesto del proyecto de la nueva sede -de 18 a 42 millones de euros- debió haber sido aprobado por el patronato, lo que no ocurrió. Con el incremento, la empresa adjudicataria, AZ, recibiría 386.000 euros de más que los pactados. Y explica que hay 841.000 euros que Musikene entiende como deuda del Gobierno, pero ni de esta cantidad ni del anterior aumento presupuestario existe constancia documental, según alega Educación. Por todo ello, el tribunal considera "recomendable analizar la idoneidad de mantener la prestación del servicio de enseñanza superior de música del País Vasco mediante la figura de fundación".
Las alegaciones del ex coordinador general
Juan José Pujana, anterior coordinador de Musikene y quien fue presidente del Parlamento vasco entre 1984 y 1987, hoy jubilado, se muestra muy crítico en sus alegaciones con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y su informe pero, sobre todo, ataca a los actuales gestores del centro por no aportar información fiable al organismo fiscalizador para emitir su informe. Pujana sostiene que la manera en que se ha elegido al profesorado "no se trata de selecciones indiscriminadas", en referencia a los contratos mercantiles y a las críticas del tribunal por dificultar la concurrencia pública. Justifica esta forma de actuar como una de las razones del éxito de Musikene, al acercar a celebridades de la música para que enseñen a los estudiantes.
La actual coordinadora, Carmen Rodríguez Suso, también esgrime esta razón. Reconoce, sin embargo, que los contratos mercantiles se han extendido demasiado -aunque son de carácter "excepcional" para Pujana- y alerta del "efecto perverso" de esta herramienta. Así, argumenta en sus alegaciones que sólo existen 11 profesores en esta situación hoy en día, después de que los actuales gestores despidieran a varios docentes. La consejera de Educación, Isabel Celaá, en su calidad de presidenta del Patronato de Musikene, precisa que los profesores han pasado de 211 a 188 este curso.
Pujana se pregunta si resulta más rentable que el trabajo que realizaba el anterior director artístico lo efectúen ahora tres personas, para defender el elevado sueldo que José Luis Estellés recibía por enseñar y gestionar el centro. Los incrementos del personal fueron, asegura, los mismos que los del personal funcionario del Gobierno.
El tribunal demuestra que de un profesor de especialidad de Musikene cobra más que un catedrático de la UPV -52.992 euros anuales frente a 48.070-. Pujana reduce además las omisiones de datos a la Hacienda guipuzcoana a un error de la asesoría contratada para ese efecto.
Celaá basa buena parte de sus alegaciones en culpar al anterior consejero de Educación, Tontxu Campos, de EA, de la situación en el centro y explica cómo se encara la gestión actual. Afirma que en 2009 se mantuvo la situación porque el nuevo patronato "no puede subsanar el incumplimiento del anterior" en algunos aspectos.
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