La Comunidad busca soluciones para un millar de jóvenes cooperativistas

Hace dos meses se ataron a una cruz en señal de protesta. El gesto resume a la perfección el calvario que han sufrido los cooperativistas de Moraleja de Enmedio. La paralización de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) afecta a hectáreas de campo, llanos, colinas y grandes extensiones de un gran secarral situado a las afueras del pueblo. Detrás, también hay un buen número de historias de gente que soñaba con tener un hogar y que no lo tiene.

El plan lleva estancado desde 2001 porque el Gobierno regional considera una locura que prevea la construcción de 10.000 viviendas en un municipio que apenas tiene ahora 1.400. Los grandes perjudicados de este desaguisado son 1.200 jóvenes que hace una década compraron suelo rústico con la promesa de que sería urbanizable en poco tiempo. Se bautizó el futuro barrio que iban a levantar como La Tenería. De media, los jóvenes cooperativistas han puesto 50.000 euros. Desesperados porque en su terreno sigue sin poder construirse hasta que no se apruebe el plan, llevan tres meses y medio acampados sobre la tierra donde esperan algún día levantar sus casas.

Los afectados han puesto una media de 50.000 euros cada uno

El alcalde de Moraleja, Carlos Alberto Estrada, y el director general de Urbanismo, Ramindo Herráiz, se reunieron esta semana en la Consejería de Medio Ambiente para tratar de solucionar el problema. La Comunidad no va a recular: considera un despropósito el plan. El 13 de diciembre, el Ejecutivo regional denegó la aprobación, lo que devolvía el proyecto al Consistorio, que, sin embargo, lo ha aprobado. Estrada se rebeló. Lo sacó adelante por "silencio administrativo"; una afrenta, pues contradice las indicaciones de la presidenta Esperanza Aguirre, de su propio partido. Quiera o no el alcalde, el plan no entrará en vigor, lo que deja sin esperanza a los cooperativistas, en su gran mayoría hipotecados.

Esta situación lamentable ha llevado a la Comunidad a buscar una solución de urgencia, a pesar de que la responsabilidad es puramente municipal. Los dirigentes de Urbanismo han planteado al Ayuntamiento que realice algunas enmiendas al plan para poder salvar la situación de los jóvenes. Entre las propuestas se valora desarrollar la zona sur del municipio con 2.500 viviendas, lo que se considera un desarrollo más sostenible.

Se intenta así solucionar un problema social, que golpea el día a día del millar de cooperativistas que ven cómo tienen que seguir pagando la compra del terreno sin la certeza de que se construya nada. El gabinete de comunicación del Ayuntamiento se limitó a difundir una nota de prensa en la que manifestaba que durante la reunión "se intercambiaron criterios, en un clima distendido y de cooperación bilateral".

La redacción propia del PGOU tiene deficiencias. La Comunidad ha explicado que falta documentación relacionada con las alegaciones de los afectados por el plan general, además de que no existen referencias sobre las vías pecuarias, los parques regionales o las zonas protegidas por su valor arqueológico. Además del problema del crecimiento desmesurado. Según ese plan, Moraleja tendría 50.000 habitantes dentro de una década, cuando en los últimos 15 creció en 2.423 habitantes. Mientras, los cooperativistas siguen acampados. Son los sin techo que ha dejado el desorden urbanístico.