La Jonquera impone 600 multas a las prostitutas y no puede cobrar ninguna

A Rosa (nombre ficticio) le dio la risa cuando se le preguntó por la multas que los policías locales le imponían por ofrecer servicios sexuales en las calles de La Jonquera (Alt Empordà). "No tengo cuentas a mi nombre, ni propiedades. Nada. ¿Qué me van a hacer?", preguntaba jocosa cuando el Consistorio estrenó su ordenanza, en julio de 2009. Un año y medio después, la realidad le ha dado la razón: el Ayuntamiento ha impuesto desde entonces más de 600 multas a las meretrices y no ha conseguido cobrar ninguna.

El alcalde, Jordi Cabezas (CiU), se lo toma con resignación. "No tienen domicilio conocido, la mayoría viven en pueblos vecinos", explica. Su última esperanza es la notificación a través del Boletín Oficial de la Provincia de Girona (BOP). Desde enero de 2010 hasta ahora, el municipio ha publicado 140 sanciones.

Los alcaldes admiten que las ordenanzas quedan en papel mojado

"Es la única manera de no perder la posibilidad de cobrar al menos alguna de ellas", dice Cabezas. Tras la publicación en el BOP, si persiste el impago, se procede al embargo de las cuentas bancarias, aunque en muchos casos las mujeres no tienen nada a su nombre. De esas 140 sanciones, tres prostitutas acumulan más de 80, lo que hace pensar que no temen las acciones legales que los Ayuntamientos pueden ejercer contra ellas.

En Tordera (Maresme) tampoco hay forma de cobrar un céntimo de las sanciones que se imponen a las mujeres por ofrecer servicios sexuales en la vía pública. De las 285 multas que impuso la policía local el año pasado por infringir esta norma, 194 sancionaban a prostitutas. Tampoco se cobró ni una sola. "Los clientes [que también están sujetos a la ordenanza de civismo porque prohíbe ofrecer, pero también aceptar, servicios sexuales en la vía pública] sí suelen pagar para evitar problemas cuando les llegue la notificación a su casa", contó ayer un portavoz municipal.

En La Jonquera ocurre algo similar. La localidad gerundense ha impuesto cerca de 60 sanciones a los que compran sexo en una carretera o la calle, aunque tampoco se han cobrado todas, admite el alcalde.

Desde que La Jonquera empezó a multar a prostitutas y clientes, varios municipios catalanes se han sumado a la iniciativa: Castelldefels, Vila-sacra, Vidreres, Sils, Figueres... El Ayuntamiento de Cassà de la Selva está redactando su ordenanza, según explicó ayer el alcalde, Carles Casanova (ERC). Begur i Vilamalla acaban de aprobar las suyas.

Sant Julià de Ramis empezó a multar en agosto de 2009. "Pusimos como máximo cinco multas, que nunca llegamos a cobrar", explicó ayer su alcalde, Narcís Casassa (PSC). Los motivos son los mismos: las chicas no suelen tener domicilios conocidos, se mueven con frecuencia y, además, no es habitual que posean bienes a su nombre. "Pero nos sirvió como una labor disuasoria. Ante la presencia policial, los clientes, y también las cinco o seis chicas que había, se fueron", relató.

En casos como Sant Julià de Ramis, donde pocas mujeres venden su cuerpo en la calle, las ordenanzas pueden tener cierta efectividad. Pero ¿qué pasa en lugares como La Jonquera, que tiene de 15 a 25 chicas, dependiendo de la época del año, o de Tordera, con una docena?

Artur Mas anunció en campaña electoral que prohibiría la prostitución en las carreteras. Cabezas considera que se debería regular en los burdeles: "Que las mujeres que quieran hacerlo estén dadas de alta en la Seguridad Social y paguen sus impuestos", dice. El alcalde de Tordera, Joan Carles García (CiU), ha pedido en más de una ocasión una normativa estatal.