Not in my backyard
"No en mi patio trasero" (Nimby) es el acrónimo más utilizado para justificar la no-elección por parte de los poderes públicos de una instalación potencialmente contaminante o cualquier infraestructura o equipamiento que resulte o genere externalidad negativa.
Esta afirmación, muy académica, por supuesto, refleja el hecho de que con frecuencia ciertas infraestructuras que resultan beneficiosas o necesarias para el conjunto de la sociedad, podrían ocasionar determinados impactos negativos para una localidad muy específica. La contestación a tal proyecto ocasionará, más tarde, una fuerte oposición o un rechazo que pudiera dar lugar a impedir, retrasar o dificultar la propia ejecución.
Un trabajo encargado por Delors en los ochenta concluía que no actuar es más caro que actuar
Ello pone de manifiesto que la localización de una determinada infraestructura, industria o actividad siempre deriva hacia unos beneficios difusos (para la sociedad en su conjunto y sin excepciones) pero con unos costes muy concentrados en aquellos que lo sufren y padecen.
El uso del mencionado Nimby hay que vincularlo, asimismo, a otros acrónimos muy rotundos. Por ejemplo, se usa mucho "not in my term office" (no durante mi mandato) que es un argumentario muy socorrido para aquellos políticos o gestores dubitativos, temerosos, escasamente convencidos e incluso poco arriesgados. Hay otro denominado Banana, que responde a "build absolutey nothing anywere near anything" ("no construir nada en ningún lugar cerca de ninguna cosa"). Como se puede comprender, es todavía más inconsistente pues gira en torno a no hacer nada, no vaya a ser que suceda algo, bien sea imprevisto, no planificable, no resuelto o incluso desconocido. Aquí podemos situar a los escapistas.
La solución académica al Nimby es atribuir medidas compensatorias a los miembros de la sociedad más próxima y afectada. Por eso, los expertos recomiendan la definición de mecanismos de compensación al igual que se especifican los procedimientos para su determinación.
Este relatorio cobra sentido habida cuenta la ingente cantidad de supuestos en los que ciertos grupos y colectivos llevan las propuestas hasta extremos insospechados. Sin embargo, cuando interrogas a los mismos demandantes sobre el porqué de sus actuaciones, normalmente responden que lo lógico y racional sería actuar de esa manera, aunque no quieren que tal determinación se efectúe en sus proximidades o sobre sus propias espaldas. Estamos, pues, ante el triunfo de la hipocresía, de la no-solidaridad o, simplemente, del engaño compulsivo.
Esta situación me recuerda cuando a finales de los años ochenta del siglo pasado Jacques Delors incitaba a la conformación de una nueva Europa, más solidaria, compacta y nucleada como polo del poder mundial. En aquel instante, encargó un trabajo que se denominaba "el coste de la no-Europa". Fue definitivo, porque de las conclusiones del mismo se extraía como corolario que el no-actuar sería más caro y más peligroso que el actuar. Por eso, nadie osó poner en cuestión las tesis de los incitadores de la nueva iniciativa europea.
Dos conclusiones extraigo de este razonamiento. La primera, que los políticos pongan sobre la mesa tanto el coste de actuar como el coste de no-actuar. Tenemos un ejemplo muy reciente, la actitud insolidaria de los controladores aéreos: todos estamos de acuerdo en que había que actuar para que un grupo privilegiado y anti-solidario no prorrogara sus prebendas. La segunda, si se actúa hay que hacerlo hasta el final, a pesar de que un grupo muy minoritario pueda quedar afectado. Siempre debemos retener la opción de la negociación y de la compensación, como bien afirman las tesis de los expertos. En suma, una sociedad debe avanzar, ya que no puede quedar nunca rezagada. Como se afirmaba en mis tiempos juveniles, "ni un paso atrás, aunque sea para coger carrerilla".
Los nuevos escenarios mundiales y los actuales retos de la sociedad nos van a llevar a situaciones contradictorias en la que observaremos intereses divergentes. Los grupos de presión van a desarrollar con mayor intensidad sus actuaciones a favor y en contra (según los casos) de distintas posiciones estratégicas. Todo esto lo vemos diariamente y no somos ajenos a ello.
Por tanto, debe quedar claro que la sociedad no puede ser rehén de ningún colectivo privilegiado, egoísta e insolidario. Los valores de la justicia, democracia y participación deben estar siempre garantizados. A la vez que también se deben garantizar las decisiones de la mayoría; y, sobre todo, aquellas que van en contra de los individualismos o del uso del acrónimo "no en mi patio trasero".
