El edil de Alicante imputado por obras en una plaza esgrime el interés público

El concejal de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, del PP, declaró ayer que adjudicó el contrato de unas obras complementarias en la plaza de Magallanes de la ciudad después de finalizadas, en 2009, acogiéndose a uno de los supuestos de la ley de contratos, que permite esta práctica en algún caso concreto, como es el de interés público. "Lo hicimos con la única intención de beneficiar a los vecinos del barrio de La Florida", insistió Llorens tras declarar a primera hora de la mañana ante la titular del juzgado número 4 de Alicante, que instruye el caso. El edil remarcó también la presión vecinal existente a la hora de reclamar determinados añadidos en las obras de remodelación de la plaza.

"He salido de la declaración ante la juez con la misma tranquilidad con la que entré, consciente de que hice lo que tenía que hacer", aseguró el concejal tras pasar por el juzgado. Llorens esgrime también que la decisión tomada por su departamento ni benefició ni perjudicó a ninguna empresa, ya que la única que se presentó al concurso fue la que resultó adjudicataria, que a su vez era la que estaba realizando ya las obras en la plaza. También subrayó que no supuso ningún coste para las arcas municipales y que, al contrario, ahorró alrededor de 10.000 euros que, calculan, habría supuesto cerrar la obra para reabrirla después al adjudicar el contrato de la complementaria.

Tras la declaración del concejal Andrés Llorens ayer fue citado a declarar también un técnico de la Concejalía de Atención Urbana. Otro ya lo hizo anteriormente.

La adjudicación del contrato llegó a los tribunales de la mano del Grupo Socialista municipal de Alicante, que en noviembre del año pasado trasladó el asunto ante el fiscal. Los socialistas consideraron entonces que la actuación podía ser constitutiva de los delitos de falsedad en documento público y prevaricación. El pasado mes de mayo, la fiscalía remitió el caso al juzgado al encontrar indicios de un supuesto delito de falsedad documental.