El Tribunal Superior insta al derribo de un apartotel en Samil
El Ayuntamiento de Vigo es titular de un aparcamiento en el sótano del edificio
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha instado al Ayuntamiento de Vigo a cumplir en un plazo de 10 días la orden de demolición de un apartotel construido en primera línea de la playa de Samil, de acuerdo con una sentencia del mismo órgano judicial de 1999 y cuya ejecución han aplazado sucesivos recursos. El edificio suma 30.000 metros cuadrados construidos, 18.000 metros en cuatro plantas (180 apartamentos) y 12.000 metros en dos sótanos para aparcamientos, uno de los cuales (6.600 metros) curiosamente es público y pertenece al propio Ayuntamiento.
El requerimiento judicial, que amenaza con una multa coercitiva si el Ayuntamiento no cumple la sentencia de 1999, fue dado a conocer ayer por el concejal de Urbanismo, José Mariño, que estimó que el plan general de 2008 impide la legalización de este edificio por habérsele dado un uso residencial cuando en ese ámbito solo está permitido el uso terciario-hotelero. En consecuencia, el fallo judicial anuló todas las licencias concedidas, incluida la de obras. Otras fuentes consultadas por este periódico aseguran que no fue ese, sin embargo, el motivo de anulación de la licencia por el TSXG y, subsiguientemente, por el Tribunal Supremo. La anulación, según estas fuentes, atañe a la licencia de obras otorgada en 1994, tras ser aceptado un recurso del ex conselleiro de Sanidade Pablo Padín (entonces de Coalición Galega) contra la ficha urbanística que las autorizaba a partir de un mero estudio de detalle y no mediante un plan parcial.
El propietario ha invertido 800.000 euros para adaptarlo al plan general
Este sistema fue frecuentemente utilizado por el plan general de 1993, dando pie a numerosos recursos -la mayoría, del pleitista Eduardo Canabal- que inicialmente han llevado a sentencias de demolición, ninguna de las cuales, sin embargo, ha llegado a ejecutarse. El último caso de esas características ha sido el de las Torres Ifer, en cuyo bajo tiene su sede el Club Financiero Vigo y el propio Canabal -que denunció el caso- posee un local. El Ayuntamiento aceptó la semana pasada la legalización de este edificio después de realizarse en él las reformas de adaptación al plan general, aunque serán los tribunales los que tengan la última palabra.
El edificio, en cinco módulos arquitectónicos, fue promovido y construido por Promociones Casal Carreiro SA, que no llegó a vender ni la tercera parte del mismo, según fuentes próximas a la empresa (el titular, Manuel Casal Carreiro se hallaba ayer de duelo por la muerte de un hermano). Las mismas fuentes indicaron que la empresa ha invertido unos 800.000 euros en reformas y en la urbanización de un vial para adaptar el complejo -que cuenta con los servicios comunes propios de un apartotel- al plan general. Los resultados, para solicitar las licencias correspondientes, serán presentados esta misma semana en el ayuntamiento.
A su vez, un importante despacho jurídico ha trabajado en el cambio del régimen de propiedad del inmueble, de manera que los compradores no adquieren apartamentos, sino acciones de una sociedad de objeto hotelero a través de las cuales reciben unos derechos de uso de los pisos. "No vamos a facilitar ningún pelotazo urbanístico", declaró ayer Mariño, para dejar claro que el Ayuntamiento "cumplirá estrictamente la normativa" y someterá sus decisiones al dictamen de los técnicos.
Caballero amenaza con precintar las obras de Porro en el puerto
El Ayuntamiento de Vigo conminó ayer a la Autoridad Portuaria, que preside Corina Porro, a paralizar las obras que está realizando en las naves de rederos y de comercio por no adaptarse al Plan Especial del Puerto (PEP) y ser, en consecuencia, "claramente ilegales", según señaló el concejal de Urbanismo, José Mariño. En caso de que no se atienda la orden de paralización en 24 horas, el Gobierno que preside Abel Caballero procederá a precintarlas.
Mariño explicó ayer que hace dos meses, al tener conocimiento del comienzo de dichas obras, el Ayuntamiento inició un procedimiento contencioso administrativo que fue admitido a trámite, aunque el juzgado no dispuso las medidas cautelares que también se solicitaban, y las obras han continuado. Con ellas se pretende cambiar el uso portuario de dichas naves para dedicarlas a actividades lúdicas y de recepción de cruceristas.
Si la Autoridad Portuaria desoye la orden municipal, la Policía Local procederá al precintado de las obras, según Mariño, como en su momento hizo en el muelle de Trasatlánticos, donde Porro derribó una nave para construir en su suelo una espectacular fuente cibernética, que no ha prosperado.
Mariño precisó que el Ayuntamiento actúa con el mismo rasero frente a incumplimientos de la normativa urbanística, quienquiera que sea su autor. "Corina Porro se cree superior al resto de ciudadanos, pero esas obras no son permisibles y no las vamos a tolerar", afirmó.
