El instructor del 'caso Hernández' pide el archivo
Para el magistrado que instruye la denuncia del PSdeG-PSOE contra Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por avalar con su firma, en su etapa de director de Obras de la Diputación de Pontevedra, el certificado que daba por finalizada la construcción de una carretera inexistente, "no se aprecian en su conducta indicios racionales de criminalidad".
Imputado por falsedad en documento oficial y estafa y fraude a la Admnistración, el conselleiro "tuvo una muy limitada intervención en los hechos" , destaca el magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Juan José Reigosa, que pide a la Sala el archivo del caso.
El juez coincide con la fiscalía en considerar que habría que exculpar a Hernández. Será ahora la Sala de lo Civil y lo Penal la que decidirá si confirma las conclusiones del instructor o, por el contrario, las revoca y procesa al conselleiro. Junto a este último, también están imputados el funcionario de la Diputación director de la obra y que asumió toda la responsabilidad, Baltasar Pujales, así como el responsable provincial de Contratación, Pablo Montero, y un directivo de la constructora Sercoysa, Juan Sánchez.
En su auto emitido ayer, en el que da por concluida la instrucción, Reigosa admite que se cometieron "irregularidades administrativas en la ejecución y certificación" de esa obra, un enlace viario en Salvaterra de Miño que se dio por finalizado y se pagó en diciembre de 2008 a la empresa Sercoysa, en la que Hérnández había trabajado como directivo, pese a que ni siquiera habían comenzado los trabajos de construcción hasta cinco meses más tarde, cuando los socialistas denunciaron los hechos en un juzgado. La empresa cobró 331.629 euros por la obra, que finalmente se construyó en julio de 2009, cuando Hernández ya llevaba dos meses como conselleiro.
El magistrado avala la tesis de Hernández según la cual eran sus subordinados, y no él, quienes debían estar a pie de obra y verificar su construcción. Cuando el ahora conselleiro firmó el certificado que daba por ejecutada la carretera con la mención "conforme, tramítese", Hernández, entiende el juez, solo "legitimó la resolución del director que directamente controlaba la obra", es decir Pujales.
El PP exige disculpas
Sin perjuicio de que se pronuncie un juzgado ordinario, el magistrado no solo considera que debe exculparse al conselleiro -es aforado-, sino también el resto de los imputados. Las irregularidades en este expediente, alega, no se cometieron con "la finalidad de defraudar a la Administración o de un aprovechamiento ilícito de fondos públicos".
Y la Diputación, resalta Reigosa, no salió perjudicada ya que la carretera finalmente se construyó. Para el magistrado, no debería considerarse una falsedad penal el hecho "que al parecer no es infrecuente" de certificar y pagar antes de hacerse una obra que va con retraso para no perder una subvención. El PP exigió ayer al PSOE una disculpa pública por 18 meses de "calumnias e injurias" a Hernández, mientras los socialistas anunciaron su intención de llegar hasta el Supremo.
