Aguirre lleva al Parlamento unas cuentas austeras "para abandonar la crisis"
Los segundos presupuestos de la era socialista se aprobarán el 23 de diciembre
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, hizo ayer la entrega protocolaria de los presupuestos para 2011 a la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga (PP). Un acto que se produce por vez primera en sábado, debido al apretado calendario del traspaso de la transferencia de las Políticas Activas de Empleo, y que da comienzo, de manera oficial, al trámite parlamentario de las segundas cuentas socialistas, después de 30 años de Ejecutivos dirigidos por el PNV. "Un presupuesto austero para abandonar definitivamente la crisis", le trasladó el equipo económico del Gobierno vasco a la presidenta del Parlamento durante la entrega del pen drive (lápiz de memoria que sustituye a los tomos de hace años) con toda la información de los gastos e ingresos previstos para el próximo ejercicio.
Hay incertidumbres como el destino final de los 435 millones de Rover
La diferencia entre ingresos y gastos es negativa en un total de 818 millones
Pese a su capacidad inversora, gracias al plan extraordinario de la Lehendakaritza dotado con 249 millones, el gasto es similar al de 2008, primer año de la crisis que comenzó a afectar al País Vasco, pero que no tuvo reflejo en sus presupuestos, debido a las optimistas previsiones de crecimiento del PIB que manejó el tripartito dirigido por Juan José Ibarretxe.
El Gobierno se ha apretado el cinturón, además, porque todavía hay ciertas incertidumbres en el horizonte. El 16 de enero el Tribunal Supremo resuelve el destino final de los 435 millones de Rover que de tener que devolverse a la Administración central supondría otro agujero. También queda por saber el ajuste final de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que han llegado cuantificadas en la transferencia de las políticas activas, y que según algunas fuentes, "son un mal negocio".
En un acto al que sólo fueron convocados los redactores gráficos y no se produjo ningún tipo de declaración pública, los responsables del Gobierno y del Parlamento apenas si permanecieron juntos diez minutos. El inicio del trámite parlamentario del proyecto de ley que se inició ayer mismo con la calificación por la Mesa y la remisión a los grupos de la información, continuará esta semana con la presentación de cada consejero de sus respectivas cuentas.
En concreto, entre jueves y viernes -días 4 y 5 de noviembre-, todos los consejeros pasarán por la Cámara a explicar los detalles de sus áreas. Una vez publicado el presupuesto original en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco, el día 8, el siguiente plazo del trámite será el final para la presentación de enmiendas. Ese día es el 29 de noviembre, aunque si algún grupo solicita una prórroga se le concederá hasta las 12 horas del día 30. La Mesa las calificará el día 3 de diciembre y apenas seis días después, el día 9, la Cámara debatirá las enmiendas a la totalidad.
Al contar los socialistas con el apoyo del PP y la abstención, al menos, del PNV, no parece probable que prospere ninguna de las que presenten los grupos minoritarios. Superado ese trámite, que impide a los grupos modificar el ingreso y el gasto total de los presupuestos para 2011, los diputados comenzarán a debatir las enmiendas parciales los días 14 y 15 de diciembre. Es decir, tendrán capacidad para reasignar las partidas internas, pero sin que eso afecte al gasto total. El dictamen con las modificaciones parciales será analizado y calificado por la Mesa los días 20 ó 21 de diciembre. Ese será el último trámite antes del pleno definitivo convocado ya para el día 23, en el que la Cámara aprobará las cuentas para 2011.
El proyecto del Gobierno asciende a 10.549 millones de euros, un 2,3% más que este año, aunque debido al impacto de los 472 millones de euros en que ha llegado valorada la transferencia de las políticas activas de empleo. Sin ella el presupuesto hubiera caído un 1,3%. El recurso a la deuda es inevitable, ya que los ingresos no cubrirán los gastos. Si para 2011 la duda tendrá que cubrir una diferencia entre ingresos y gastos de 818 millones, el pasado año el endeudamiento subió hasta los 1.900 millones.
Las diputaciones tendrán que sentarse a negociar
Las diputaciones forales están equivocadas si creen que tienen garantizado el voto del PSE o su abstención, sin negociación, para sacar adelante sus respectivas cuentas. Aunque existe una "voluntad" de llegar a acuerdos, el Gobierno lanzó ayer un doble mensaje, primero a los diputados generales, -tendrán que sentarse a negociar sus proyectos-, y luego a las ejecutivas provinciales del PSE para que exijan a los equipos económicos de las diputaciones los mismos criterios de austeridad en el gasto público, y de inversiones productivas que han guiado la confección de las cuentas vascas.
El recado del Gobierno llegó tras el malestar creado en las ejecutivas provinciales del PSE por las declaraciones que el pasado jueves hizo el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, en el sentido de que ya había pactado con el Ejecutivo vasco y con el consejero de Interior, Rodolfo Ares la abstención socialista cuando las cuentas llegaran a las Juntas Generales.
El enfado de los socialistas era aun mayor debido a que el pasado año apenas si tuvieron influencia en la confección final de los presupuestos para 2010, al colocar apenas tres enmiendas cuyo valor económico no superó el millón de euros. "Tendrán que sentase a negociar", afirmaron ayer fuentes acreditadas del Ejecutivo autonómico.
El Gobierno cree que se debe de hacer un especial esfuerzo en contención del gasto, también de personal, sobre todo porque las medidas de contención del déficit aprobadas por el Congreso de los Diputados, también establecen la congelación salarial para el año 2011. Esa máxima se mantiene en el Gobierno vasco, que reduce sus gastos de personal para 2011 un 3,4%, después del tijeretazo del 5% a la masa salarial durante este ejercicio.
En el caso de la Diputación de Guipúzcoa, el gasto de personal crece un 1,5% en el proyecto de presupuestos para 2011 presentado el pasado viernes y que todavía tendrá que pasar la criba de las Juntas Generales. Precisamente la congelación salarial de los funcionarios del Gobierno provocó que los sindicatos mostraran su desacuerdo el viernes y anunciaran movilizaciones.
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