El fiscal exculpa a Hernández por la obra certificada en falso a su ex empresa

Lo que trata de dilucidar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es si el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, cometió fraude documental como director de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra cuando estampó su firma y añadió el "conforme, tramítese" bajo el escrito que avalaba el fin de obra de una carretera apenas comenzada en Lira (Salvaterra do Miño) y acordaba el pago de la infraestructura a su ex empresa, la constructora Sercoysa.

La fiscalía se apea de esta causa al descargar de responsabilidad a Hernández y pedir que se devuelva el caso al Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, ya que, "al no haber responabilidad de la persona aforada, decae la razón que derivó la causa al Tribunal Superior". El caso queda en manos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza, que deberá decidir si abre juicio de acuerdo con la acusación popular que formulará el PSdeG, autor de la querella.

El ministerio público alega que la función de "controlar la ejecución de las obras" que tenía Hernández no obliga a visitar las infraestructuras para realizar comprobaciones sino que bastaría "la confianza depositada en la información que los técnicos le suministran fielmente". Puesto que los funcionarios han admitido ante el juez su responsabilidad a la hora de certificar en falso el final de obra, concluye que "debe excluirse tanto su autoría [de Hernández] o participación en el delito doloso".El escrito de siete páginas firmado por el fiscal Fernando Suances, el pasado 8 de octubre, fundamenta su petición de absolución en que la labor de control que competía a Hernández puede acometerse de varios modos: "Bien con una verificación directa y personal, bien manteniendo contactos y visitas oportunas con los técnicos que la ejecutan y visionan, especialmente, con el director de la obra, bien de las dos maneras conjuntamente". Y aunque concluye que la fórmula de fiscalización "óptima" sería conjugar "el contacto con los técnicos y la verficación directa y personal de las obras", el procedimiento más utilizado en las instituciones es el de fiarse de los informes de los funcionarios y "parece suficiente la labor que realizó en contacto directo con el director de la obra".

El escrito de la fiscalía cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, dos sentencias de 2009 que aluden a "dos casos muy sejemantes con resultado absolutorio". Se refiere a falsedades en la certificación de obras que tenían como objetivo no perder ayudas de distintas administraciones. Y aduce que ambas consideran una "falsedad inocua sin lesividad y pontencialidad alguna que sólo adelanta una justificación de la obra futura y cierta que se realiza para no perder la subvención, que es la razón de ser del documento".

Añade el ministerio público en su conclusión cuarta que "los posibles delitos de estafa y fraude a la Administración Pública no serían imputables al señor Hernández" y que "los intervinientes aseguran la finalización de la obra con el aval que se prestan y en momento alguno tratan con las certificaciones y documentación inveraz perjudicar económicamente a la Administración ni proyectan ánimo de lucro. No existe un enriquecimiento logrado o intentado".

Tres imputados más

Añade la fiscalía que tampoco puede responsabilizarse a Hernández respecto al fraude de subvenciones porque "además de que no interviene en la gestión de la subvención procede afirmar que cualquiera que sea el bien jurídico protegido no se ve lesionado".

"Al no haber responsabilidad de la persona aforada", concluye el escrito, "decae el aforamiento" y "sería competente para continuar la instrucción el Juzgado número 1 de Pontevedra con el fin de dilucidar el resto de responsabilidades de los otros tres imputados", todos técnicos de la Diputación, entre ellos el director de la obra, Baltasar Pujales.