Compromís conecta la consejería de Blasco con la trama de fundaciones

La Fundación Solidaria Entre Pueblos (cuya denominación ha pedido que sea suspendida cautelarmente la veterana ONG Entrepueblos por usurpación de marca) hacía milagros. Conseguía que una organización no gubernamental para el desarrollo con poca experiencia o escasa estructura lograra sustanciosas subvenciones de la Generalitat para proyectos de cooperación internacional. El secreto estaba en el estrecho contacto con la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, y la motivación, en el beneficio económico que lograban las empresas de los patronos de la Fundación Entre Pueblos, que facturaban grandes cantidades en los proyectos de las pequeñas ONG a las que hacía una función de gestoría sui generis.

Ese "entramado presuntamente corrupto" es lo que describe con todo lujo de detalles la documentación que ha entregado al fiscal anticorrupción de Valencia la diputada del Compromís Mireia Mollà. La documentación, que incluye facturas, correos electrónicos, extractos bancarios y expedientes de los proyectos, ocupa 14 gigas de memoria en un pendrive, según explicó ayer la parlamentaria.

La diputada hace llegar al fiscal la información para ampliar la que ya estaba investigando tras la denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado por la compra de dos pisos y un garaje a cuenta de los fondos de cooperación por parte de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes). Mollà aseguró que su contenido describe una trama "cuya actuación ha tenido por objeto que los miembros del patronato de la Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana fueran los beneficiarios últimos de parte de los fondos obtenidos para apoyar proyectos de cooperación, siendo el promotor de esta actuación la propia Generalitat en connivencia con la fundación mencionada".

Entre la documentación, hay correos electrónicos que revelan cómo la fundación actuaba en permanente contacto con el "gabinete técnico" del consejero Rafael Blasco.

"Estoy convencida de que algunas de las ONG implicadas no eran conocedoras de lo que estaba pasando", aseguró Mireia Mollà, que apuntó, sin embargo, que otras, "al menos dos", estaban en la operativa de la trama, que consistía, en esencia, en que la consejería recomendaba a ONG de poca envergadura que tramitaran sus proyectos a través de la Fundación Entre Pueblos, creada por dos empresas de informática, Arcmed y Dinamiz-E, que incluían abultadas facturas por asesoramientos en los proyectos subvencionados por Blasco. La diputada calcula que, en la parte de documentación que ha podido estudiar, empresas de los patronos de la Fundación Entre Pueblos o relacionadas con ella pueden haberse llevado hasta dos millones de los cuatro que el departamento de Blasco concedió en subvenciones a media docena de entidades.

Fudersa-España, la Agrupación Cívica Hispano-ecuatoguineana CEIBA, Asamanu África, Esperanza sin Fronteras y Asa África, algunas de las cuales se han desvinculado de la trama y han negado conocer para qué estaban siendo usadas, pasaron de obtener ayudas de menor cuantía a recibir en 2009 hasta cerca de 700.000 euros de la Generalitat, como es el caso de Ceibe para un proyecto en Malabo.

Las empresas Arcmed, de la que es administrador único Alfonso Navarro, presidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, y Dinamiz-E, cuyo administrador es Adolfo Soler, vicepresidente de la fundación, aportaron una buena parte de las facturas con las que justificaron las subvenciones. También aportó facturas, en el caso de Ceiba, la empresa de suministros farmacéuticos Desfa, de Joaquín Blasco, persona de quien la diputada Mollà aseguró tener información de que despachaba en la sede de la mencionada fundación.

Los recursos obtenidos de las subvenciones de la Generalitat, de esa manera, eran realmente gestionados por los patronos de Entre Pueblos sin contar con el preceptivo permiso, de carácter excepcional, que establece la Ley de Fundaciones para que patronos de este tipo de entidades puedan cobrar servicios de ellas o relacionados con sus actividades.

La empresa Arcmed, por otra parte, facturó en 2008 más de 208.000 euros de asesoría en cada uno de los proyectos de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), cuyo objetivo era facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua, pero que sirvió para la compra de dos locales con garaje. Este asunto es el que motivó la denuncia de los socialistas y la apertura de la investigación por parte de la fiscalía a la que ahora se incorporará la información facilitada por la diputada de Compromís.

Mollà aseguró tener constancia por diversos correos electrónicos que le han sido entregados en la documentación de que desde el gabinete del consejero Blasco se orientaba a Entre Pueblos para la captación de subvenciones, pero no quiso revelar el nombre de la persona del departamento implicada. También aseguró que personal de la Fundación Entre Pueblos "fabricaba" facturas porque los documentos revelan que las facturas de los proyectos, en soporte word y no en pdf, eran modificadas a lo largo de su tramitación desde la propia entidad, aunque se trataba de documentos que formalmente emitían las empresas de los patronos de la misma. Las cifras de muchas de las facturas, denunció también la parlamentaria, están claramente sobredimensionadas.