Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Fiscalía investiga el destino de las ayudas que Blasco da a cooperación

El consejero puso a disposición del fiscal los expedientes, pero no los entregó

Ayer se abrieron oficialmente las diligencias de investigación penal por la denuncia presentada por los socialistas valencianos sobre supuestas irregularidades en el destino de fondos adjudicados por la Consejería de Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco, a la Fundación Cyes para ayuda humanitaria en Nicaragua y que acabaron sirviendo para la compra de pisos y locales.

La fiscalía abrió las diligencias materialmente el pasado viernes, pero faltaba una firma, la de la fiscal jefe, Teresa Gisbert, que puso ayer su rúbrica. Ahora el fiscal anticorrupción y delitos económicos se ha hecho cargo de la investigación, aunque, a pesar de lo que dijo Blasco el pasado viernes, no tiene en su poder los expedientes que contienen la documentación de la adjudicación de dos proyectos, para agua potable y promoción de la agricultura en Nicaragua, por valor de 1,6 millones de euros, de los que al menos 800.000 fueron destinados supuestamente a la compra de inmuebles.

Blasco dijo haber puesto a disposición de la Fiscalía Superior esos expedientes, pero, en realidad, solo fue una declaración de intenciones. Lo que hizo fue remitir una carta a la fiscalía, en referencia a las informaciones sobre la denuncia del PSPV ofrecidas por la cadena SER y EL PAÍS, en la que decía: "Los expedientes están a su disposición". Ahí finalizó el ofrecimiento, innecesario dado que la fiscalía, en la instrucción de las diligencias de investigación penal, tiene potestad para requerir, como hará, esos dos expedientes y cualquier otra documentación o testimonio que considere importante para desvelar qué pudo ocurrir con el dinero público destinado a cooperación que sirvió para adquisiciones inmobiliarias.

La fiscalía cuenta, de momento, con la documentación aportada por la denuncia de la diputada socialista Clara Tirado, que no es parte en la causa. Sin embargo, tras estudiarla y valorar si del relato de los hechos se desprende la verosimilitud de una infracción penal, el fiscal solicitará información tanto a la consejería como a la fundación. Será capital la documentación sobre la concesión de la subvención y la liquidación de la misma, en la que hubo facturas que se devolvieron y fueron sustituidas por otras que se acomodaban a las exigencias de la consejería. Pero además, será también importante ver qué dinero realmente llegó a la Fundación Cyes, cómo lo gestionó y cómo justificó sus actuaciones. Además, la fiscalía comparará la dotación, infinitamente menor, a proyectos en lugares similares para acciones parecidas a precios sustancialmente menores a los que Blasco aprobó y que están en discusión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de octubre de 2010