La Junta ahorrará 115 millones con la eliminación de 111 empresas públicas

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer la eliminación de 111 de las 254 empresas públicas por el ajuste que ha motivado la crisis, lo cual supondrá un ahorro de 115 millones hasta 2013. El capital previsto proviene de despedir a 182 directivos, que retornarán a sus puestos de origen, y de suprimir el alquiler de sedes de las empresas eliminadas y las facturas correspondientes. El Gobierno andaluz agrupará en 10 grandes entes su sector empresarial para evitar la duplicación de órganos directivos. Para ello, además del centenar largo de empresas eliminadas, transformará la personalidad jurídica de 16 entidades para esta reorganización que busca una mayor eficacia.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ya adelantó hace un mes en el Parlamento las líneas gruesas del decreto ley que ayer aprobó el Gobierno. La medida afectará a los 23.476 trabajadores de todas las empresas públicas andaluzas, a pesar de que el decreto ley sólo implica de momento la transformación de 127 de las 254 empresas públicas.

"No habrá pérdida de empleos", asegura la consejera Aguayo

Aguayo quiso aclarar ayer que no habrá regulaciones de empleo, privatizaciones, ni despidos: "No habrá pérdida de empleos y el plan ofrecerá la máxima garantía jurídica y salvaguarda de los derechos a los trabajadores".

La reorganización pondrá patas arriba la estructura de las empresas y deberá estar finalizada a final de año, cuando la reforma del negocio jurídico de cada entidad deberá estar resuelto "y modificados sus estatutos", añadió la consejera. "Se simplifica la estructura de mando para generar el ahorro", resumió Aguayo en referencia a la reducción de puestos directivos.

La reestructuración de las empresas hará que Ferrocarriles de la Junta se convierta en la Agencia de Obra Pública de Andalucía para hacerse cargo también de las carreteras y los equipamientos públicos. De este modo desaparece la actual sociedad Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Nace la Agencia Andaluza del Conocimiento por la transformación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. Además, desparecen la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia, SLU) y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, SAU.

Al mismo tiempo, el Servicio Andaluz de Empleo pasa a ser una agencia pública de régimen especial y absorbe la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que desaparece. En la sanidad, la principal decisión adoptada afecta a la Agencia Pública Empresarial Hospital Costa del Sol como cabecera del grupo integrado por las agencias públicas sanitarias Bajo Guadalquivir, Hospital Alto Guadalquivir y Poniente de Almería.

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, censuró la decisión de la Junta: "No se recorta en gasto superfluo, despilfarro y en el mastodonte que supone el sector público empresarial de Andalucía, que nos cuesta 5.000 millones". Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, avisó de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, podría pretender privatizar el sector público empresarial "por la puerta de atrás".

De los 23.476 trabajadores a los que afectará la reorganización, unos 2.000 son funcionarios, 1.400 personal laboral de la Junta y casi 20.000 personal laboral de las entidades instrumentales. Cuando el personal funcionario se integre en una agencia pública, la incorporación de estos trabajadores será voluntaria, aclaró ayer Aguayo. Además, la consejera explicó que se reconocerá como mérito cuando participe en convocatoria de concursos de traslados, después de que hayan reingresado como funcionarios. Al personal laboral que forme estas empresas públicas le será aplicado el mismo convenio colectivo, al aplicarse la fórmula de sucesión de empresas con los "mismos" derechos y obligaciones hasta la aprobación de otro convenio.