El Gobierno sólo encuentra rechazo a la reforma en IU en el primer contacto

No ha hecho más que arrancar la negociación política del decreto de la reforma del mercado de trabajo, pero esta vez el Gobierno no ha encontrado más rechazo frontal de inicio que el de Izquierda Unida, que asume la posición de los sindicatos.

Con el resto de partidos no hay todavía acuerdos, ni mucho menos compromiso para convalidar el decreto en el pleno del Congreso del día 22 de junio, pero al menos no hay esta vez rechazo expreso como ocurrió con el del recorte del gasto social. Por eso, esta vez el Gobierno no les presenta un texto cerrado y ya aprobado, sino que está dispuesto a llegar a un acuerdo antes del miércoles. Y no quiere que una reforma que puede provocar una huelga general salga del Congreso solo con los votos del PSOE, entre otras cosas porque la reforma debe trascender esta legislatura.

Ridao (ERC) ve un "avance cualitativo importante" en el texto del Ejecutivo

Llamazares augura una reforma de las pensiones y justifica una huelga general

El Ejecutivo cree posible contar esta vez con los votos afirmativos de CiU, PNV y Coalición Canaria y, además, ha constatado la posibilidad de que se sume al acuerdo ERC. Si fuera así, el Ejecutivo contaría con un respaldo amplio frente a las protestas.

De hecho, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, aseguró ayer que "la propuesta del Gobierno es un punto de partida estimable, aunque no es una reforma revolucionaria ni rupturista".

Ridao, que ya ha mantenido reuniones con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, calificó de "avance cualitativo importante" el documento del Gobierno. Citó expresamente como positivo que "amplía la edad del contrato de formación de 21 a 24 años, con un coste cero para las cotizaciones, e incluye el derecho al paro hasta ahora inexistente; se amplían también los títulos académicos habilitados para la contratación en prácticas, así como su duración de cuatro a cinco años, y se elabora un programa extraordinario de empleo para jóvenes, junto con las comunidades; se regula la fórmula conocida como contrato alemán, que prevé una redistribución del trabajo; se fomenta el contrato indefinido con 33 días de indemnización y se acota la contratación temporal a contratación por obra y servicio, con una duración de dos años e indemnizaciones de 12 días. Además, se mantienen todas las indemnizaciones por despido y no se toca la causalidad. Por lo que se refiere a la flexibilidad, introduce más capacidad para la negociación colectiva y refuerza los servicios públicos de empleo".

Explicó que los tres diputados de ERC podrían votar a favor "si el PSOE no sucumbe a las presiones de la derecha para endurecerla".

CiU es probablemente el grupo parlamentario que más ha defendido la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral, y llegó a pactar hace un año con el PSOE una resolución tras el debate del estado de la nación sobre la necesidad de cambiar la regulación del mercado laboral, pero los socialistas rompieron el pacto en pocas horas. Ahora el diputado de CiU Carles Campuzano ha mantenido encuentros con Corbacho y, aunque aún no hay acuerdos, en principio mantiene una posición favorable a la filosofía, a falta de conocer los detalles del decreto ley del Gobierno.

El diputado del PNV Emilio Olabarría ha mantenido también contactos con Corbacho. Olabarría estudiaba ayer con los responsables de su partido la posición que mantendrá en la negociación.

También la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha expresado al Gobierno su disposición a pactar la reforma.

Con el PP, el Gobierno ha tenido ya varios contactos preliminares. El principal, la llamada del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy el lunes para expresarle su interés en contar con el apoyo del PP en la convalidación del decreto. Y el jueves por la tarde hubo una reunión más técnica del ministro de Trabajo con el responsable de economía del PP, Cristóbal Montoro.

El PP siempre ha mantenido la necesidad de proceder a una reforma laboral y, por el momento, no ha mostrado un rechazo a las posiciones conocidas del Gobierno. Todo eso a falta de que Corbacho remitiera ayer por la tarde a Montoro un nuevo documento. Además de los contactos entre ambos, han acordado reunirse el próximo martes, la víspera de la reunión del Consejo de Ministros que debe aprobar el decreto.

El único que ha mostrado un rechazo radical a la reforma es el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que asumió ayer en rueda de prensa la tesis de los sindicatos. Así, se pronunció en términos duros contra el Gobierno y habló de "menú a la carta para la patronal y una dieta de adelgazamiento para los trabajadores" que será "inútil, injusto y contraproducente" y provocará una fuerte contestación social.

Llamazares añadió que la reforma laboral forma parte de la "hoja de ruta del ajuste impuesto y tutelado" por los mercados y los organismos internacionales y se mostró convencido de que después vendrán otros "ajustes estructurales" como la implantación de un sistema mixto (público-privado) de pensiones. Por eso juzgó "inexorable" una huelga general.