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lunes, 19 de abril de 2010
Reportaje:

Absentismo escolar, tolerancia cero

La Fiscalía denunció en 2009 a 120 padres por no asegurar la escolarización de sus hijos - A falta de una ley, los municipios implantan planes propios

Carmen (nombre ficticio) tiene 14 años y los dos últimos cursos ha vagado por calles y recreativos de Valencia en horario lectivo. Nadie del Ayuntamiento ni de la Policía Local denunció que esta alumna estaba "desescolarizada". Al mudarse su familia a Quart de Poblet en febrero, su caso fue "detectado de inmediato" por los servicios sociales municipales, explica Andrés Castillo, director del instituto público IES La Senda. "Aquí esto no hubiera podido pasar, porque el registro municipal de familias con hijos en edad escolar y el protocolo contra el absentismo escolar actúan de inmediato para detectar estos casos", asegura.

Este municipio de L'Horta Sud de 25.000 habitantes, gobernado por el PSOE, fue pionero en el curso 2000-2001 en implantar un protocolo de actuación y un programa municipal de absentismo, "basado en el preámbulo de una ley integral autonómica [redactado durante la etapa del consejero de Educación ya fallecido, Manuel Tarancón] que nunca llegó a desarrollarse", recuerda diez años después Carmen Huerta, coordinadora de la Comisión contra el Absentismo Escolar de Quart de Poblet.

García: "Detrás de un absentista hay un indicador de carrera delincuencial"

"El perfil no es el fácil, de baja extracción, sino de familias normales"

Ante la ausencia de una ley integral valenciana, el programa lo han "consensuado" entre sí Quart y otras 20 localidades de esta comarca -la mitad gobernadas por el PP y la mitad por los socialistas-, en las que vive la quinta parte de la población censada de la Comunidad Valenciana. El ejemplo más reciente de la aplicación de estos protocolos municipales es Alaquàs, que este curso ha abierto 17 expedientes a alumnos de Primaria y tres han sido derivados a la Fiscalía de Menores. En Secundaria, donde se produce la "hecatombe", según coincide Xelo Tomás, responsable local del área Sociocultural, hay 40 expedientes abierto por absentismo y nueve casos trasladados a la Fiscalía.

La razón es muy simple para la Fiscalía de Menores. "En el 90% o 95% de los menores que van juicio por delincuencia juvenil hay un denominador común: el absentismo escolar. Este factor es más importante aún que el fracaso escolar, porque son niños que no tienen adquiridas las pautas de comportamiento y socialización que sí proporciona el sistema educativo, independientemente del resultado académico", sostiene Gema García, la coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia. En sólo dos años, García ha batido el récord de denuncias "contra los padres que incumplen su deber de garantizar la escolarización obligatoria desde los seis a los 16 años".

"En 2009, hubo 120 denuncias contra padres por hijos absentistas o no matriculados", advierte la fiscal, que insiste en que "detrás de un niño absentista hay un indicador de que los menores están en situación de riesgo para entrar en la carrera delincuencial". En 2007, uno de cada tres menores infractores tenía menos de 14 años. Es decir, en el 18% de los 13.179 expedientes abiertos por infracción.

Pese a la dimensión del problema, el absentismo escolar no distingue entre razas, religiones, sexos o nacionalidades, apunta Carmen Huerta, aunque reconoce que "en determinados grupos culturales o étnicos, como la etnia gitana o rumana, más itinerantes que no suelen estar censados, se dan más intervenciones".

Este tema en particular lo conocen bien Vicent Ripoll y Ximo Alpuente, director y jefes de estudios, respectivamente, del colegio público Ballester Fandos de la Malva-rosa en Valencia, que tiene 15 niños en el programa municipal de absentismo. "Todos de etnia gitana, que es el grupo de riesgo en el distrito Marítimo", según explican desde el seminario de directores de ese distrito, integrado por todos los colegios e institutos de esta depauperada zona.

"El responsable de la escolarización es el Ayuntamiento", recuerdan los directores de Valencia. "Pero la intervención puntual y rápida se hace desde el centro, hablando con las familias y el menor y estudiando el caso incluso antes de que intervengan los Servicios Psicopedagógicos, porque hay determinados factores culturales en los que la familia se puede bloquear si ve un psicólogo", añaden. Si esta fórmula falla -aunque Alpuente advierte que "modifica muchas conductas"- se pasa a la siguiente fase y así hasta llegar a la Fiscalía.

Los directores han tratado sin éxito de que el Ayuntamiento les proporcione asesoría legal cuando son citados por la Fiscalía. Tampoco han conseguido una reunión con la responsable de absentismo municipal, Alicia Payà, para que el servicio de "monitores-despertador" se anticipe antes de abrir las puertas del centro. Este periódico ha solicitado por escrito los datos del personal e intervenciones que se realizan desde el Ayuntamiento de Valencia. No ha recibido respuesta. El caso de Carmen es uno más entre los cientos de alumnos que vagan por la ciudad, afirman los directores.

"En general, el perfil del absentista no es el fácil, el de baja extracción social; se trabaja sobre todo con niños de familias normalizadas, donde los dos padres trabajan", apunta el director de instituto Andrés Castillo. "Evidentemente, hay un porcentaje alto de niños que en Primaria no va bien en los estudios y al llegar a la ESO tropieza, y de ahí al absentismo no hay más que un paso. Por eso el instrumento clave es flexibilizar los itinerarios y el currículo", sostiene Castillo, cuyo instituto fue de los primeros en implantar un plan integra experimental de la Consejería de Educación que este curso se ha ampliado a 58 centros.

Pese a todas estas acciones, todos los entrevistados coinciden en que si no hay una ley que obligue a todos los municipios y centros a establecer un protocolo ágil de actuación, no se podrá combatir con eficacia la inasistencia a clase. Voluntarismo y absentismo no van de la mano.

Responsabilidades administrativas, civiles y penales

- La LODE de 1990: La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LODE), de 1990, atribuye a las Administraciones Públicas "garantizar el derecho efectivo a la educación" no sólo mediante la plaza escolar, sino con "la adopción de medidas efectivas" para resolver la inasistencia a clase.

- La LOE de 2003: La Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2003, dio un paso más y estableció un marco de "cooperación entre Administraciones" para hacer efectivos los dos principios citados por la LODE. "Después de haber conseguido que todos los jóvenes estén escolarizados hasta los 16 años, el objetivo ahora consiste en mejorar los resultados y reducir las elevadas tasas de finalización de estudios sin titulación y de abandono prematuro", afirma la ley.

- El Código Penal de 2003: Sanciona a quien deje de cumplir los deberes legales inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, que incluyen velar por la escolarización del menor.

- Ley de la Infancia de la Generalitat de 1994: Establece la coordinación municipal y autonómica como elemento esencial para combatir el seguimiento del absentismo escolar.

- Decreto de Derechos y Deberes de 2008: Establece sancionar a "los padres o tutores de alumnos que, por acción o por omisión, no cumplan responsablemente con la escolarización de sus hijos".

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